En los tres casos, Kutxa Fundazioa, controlada por el PNV de Gipuzkoa, se ha quedado al margen al no ver justificada la inversión, a diferencia de la colaboración prestada por las antiguas cajas de Bizkaia y Álava. El desmarque sorprende en proyectos de reactivación que buscan como bien común el desarrollo del tejido productivo del País Vasco en su conjunto. Operaciones de esta naturaleza no pueden concebirse desde los intereses territoriales y mucho menos partidistas. El beneficio de Talgo, con sede en la localidad alavesa de Rivabellosa; del Grupo Uvesco, propietario de más de 300 supermercados de BM y Super Amara en las tres provincias; y de Ayesa, con gran potencial para la creación de empleo -500 a consolidar en Álava-, trasciende cualquier límite territorial para convertirse en un activo de la economía.

La intervención de los socios, al abrigo de la Alianza Financiera constituida por el lehendakari, ha sido crucial para asegurar el mantenimiento de la compañía ferroviaria, pretendida por firmas de Polonia e India; del conglomerado alimentario, que interesaba a competidores como Carrefour y Día; y de la antigua Ibermática, sobre la que había puesto los ojos el fondo estadounidense Blackstone. Con la aspiración de movilizar 16.000 millones de dinero público y privado, el plan industrial necesita el arranque emprendedor de todos sus aliados, en un esfuerzo en el que no caben los recelos por supuestos agravios territoriales. El PNV que lidera Aitor Esteban debería armonizar la política inversora en las fundaciones bancarias que comparten fin social y, por tanto, reto industrial.