Estamos a la espera de que la semana entrante algo se mueva en Moncloa para que el funcionamiento de la democracia española no se atasque por interinidad de ciertas instituciones, cuya composición no responde a la orografía parlamentaria salida de las últimas elecciones generales. Hasta entonces, tertulianos chispeantes y finos analistas se alborotan con argumentos perecederos sobre una clase política incapaz de hacer sus deberes. 

El punto caliente del debate es el señalamiento de un presunto culpable de que el CGPJ lleve caducado dos años y medio, tres el Defensor del Pueblo, más de año y medio una parte del Tribunal Constitucional (cuatro de 12, que ahora son 11) y un Tribunal de Cuentas cuyos 12 consejeros acaban de terminar su mandato de nueve años.

Resulta poco creíble que el PSOE exija al PP sentido de Estado 

Las mayorías cualificadas exigidas en la renovación de estos órganos constitucionales nos remiten a la responsabilidad compartida del partido que gobierna (PSOE) y el que puede gobernar (PP), cuyos líderes no se hablan, no se llaman ni se consultan en asuntos de interés general. No tienen perdón. Ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado. 

El PP descuida sus deberes institucionales, dicen al otro lado de la barricada. Cierto. No es de recibo que frene la renovación de estas instituciones para mejor reconocerse como alternativa de poder. Por el contrario, también es verdad que el PSOE lo convierte en pedrada necesaria para ponerse estupendo mientras se viene arriba afeando así al PP su falta de sentido de Estado. 

Pero en ese punto resulta poco o nada creíble que el PSOE exija al PP sentido de Estado mientras se entiende con declarados enemigos del Estado en nombre de la estabilidad política del país. El discurso no puede ser más contradictorio.

La apuesta del PP por la elección de jueces por jueces no debería tener efectos 

En materia de credibilidad, pues, ni el Gobierno de Sánchez ni el PP de Pablo Casado están libres de pecado, aunque es el poder quien está obligado a llevar la iniciativa porque juega con blancas, como en el ajedrez. Y es evidente que Sánchez no se caracteriza por la búsqueda de complicidades con el líder del partido que, antes o después, le sustituirá en el ejercicio del poder. 

Si el PSOE pacta con fuerzas conjuradas contra el vigente orden constitucional, también es verdad que el PP carga con el baldón de un partido político que obstruye la acción judicial del Estado. O sea, que ninguno de los dos está en condiciones de tirar la primera piedra. Caso especial es la apuesta del PP por una elección de jueces y magistrados por jueces y magistrados (12 de los 20 vocales del CGPJ), y no por una mayoría cualificada de diputados en el Congreso (210). 

Semejante apuesta no debería tener efectos obstructivos en la renovación del órgano de los jueces, porque es asunto de fondo que afecta al fuero del poder legislativo, que hoy por hoy es el titular del derecho y el deber de renovar la institución, por encima de los intereses partidistas que lo están impidiendo.