Las cuatro plazas vacantes corresponden al cupo del Senado. Por lo cual, es a los partidos de esta Cámara a los que le compete designar a los candidatos, que deben concitar el apoyo de tres quintas partes del Senado. Cada vez que se procede a la elección de los magistrados –bien sea por parte del Senado, del Congreso, del Consejo General del Poder Judicial o, sobre todo, del Gobierno– se cuestiona la independencia política de los propuestos. Se trata de una sospecha ciudadana que no está exenta de fundamento. Pues hemos asistido a auténticas batallas de nombramientos –incluso de años de duración– entre PP y PSOE para imponer a sus aspirantes en el Alto Tribunal, donde se dirimen desde la constitucionalidad de las leyes hasta conflictos institucionales.
Para acabar de una vez con esta desconfianza y con el mantra de que «los dos grandes partidos se reparten las instituciones», bien haría el Senado en lograr que sean más las formaciones que se impliquen y apoyen a los candidatos. Sería una muestra de que nuestros políticos sí han escuchado una de las grandes demandas de los ciudadanos en las pasadas elecciones, que no es otra que la búsqueda de consenso. Éste debería ser el primer paso a dar para que los españoles comiencen a ver el TC como lo que es, el órgano que defiende nuestra Carta Magna y no una institución politizada en demasiadas ocasiones.
Desde este periódico hemos defendido la necesidad de una reforma del Constitucional como una propuesta ineludible para la regeneración democrática en nuestro país. Creemos que tal y como está formulado plantea serios inconvenientes. Por ejemplo, el hecho de que el número de miembros sea par impide que en varias resoluciones de envergadura se pueda llegar a una mayoría, dejando así en manos del presidente la decisión final. Una responsabilidad demasiado pesada. Sería deseable que el número de miembros se incrementase hasta 15 y se eliminase el voto de calidad. Al ser 15 los jueces que lo compongan, serían elegidos en un plano de igualdad total. Según nuestra propuesta, cinco designados por el Congreso, cinco por el Senado y otros tantos por el Consejo General del Poder Judicial –cuya reforma, también necesaria, merecería otro editorial–. Se eliminaría así el cupo del Gobierno, el más polémico de todos. Además, para asegurar su independencia, quedarían excluidos los candidatos que hubieran desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años.
El Tribunal Constitucional es un pilar clave en nuestro Estado de Derecho y en los años recientes ha sufrido un desprestigio e incluso un bloqueo por parte de los partidos impropio de una democracia como la nuestra. Éstos deben ser conscientes de que la disputa política tiene su espacio e intentar involucrar en ella a los tribunales sólo puede pasarles factura.