A Manuel Zamarreño lo asesinó ETA hace veinticinco años largos con una bomba colocada en una moto cuando iba a comprar el pan. Calderero de oficio, había sustituido como concejal de Rentería a José Luis Caso, también asesinado. Una demora burocrática judicial hizo que su cuerpo semidesnudo –la explosión le había destrozado las ropas– estuviese dos horas tirado en la calle, tiempo durante el que alguien hizo unas fotos que nunca debieron publicarse porque aumentaron el dolor de la barbarie con una exposición humillante del cadáver. Ayer comenzó en la Audiencia Nacional el juicio al presunto autor del crimen (digámoslo así aunque en el caso de Txapote la presunción de inocencia suene a broma siniestra), para quien el fiscal pide 120 años de condena y otros tantos para Irantzu Gallastegui, su cómplice y pareja. Un cuarto de siglo lleva la familia esperando justicia a expensas de unas pruebas que tal vez, como sucedió con el atentado de Caso, jamás aparezcan.

ETA ya no existe, pero su proyecto político sigue vivo a través de Sortu y otras formaciones agrupadas en Bildu, socio preferente de la amalgama de partidos que respaldan al actual Ejecutivo. Ayer mismo, uno de sus diputados pidió al ministro Marlaska que traslade a Canarias contingentes policiales que en su opinión sobran en Euskadi y Navarra, solicitud que de momento no ha sido escuchada. Un juez de la Audiencia, Manuel García Castellón, investiga los hilos de comunicación que un alto cargo de Interior mantenía con portavoces de los presos etarras para informarles de sus gestiones sobre mejoras penitenciarias –progresiones de grado y traslados a cárceles vascas– mediante entrevistas personales y mensajes de whatsapp. García Castellón está en el foco de una presión combinada del Gobierno y las fuerzas separatistas por su empeño en juzgar como actos de terrorismo los sabotajes violentos durante la revuelta independentista catalana.

Si a usted le importa algo de esto ha de saber que forma parte de una minoría. El grueso de la sociedad española ha pasado página, abandonado a las víctimas y asumido la normalización institucional del conglomerado posterrorista. La alianza gobernante ha redefinido el tipo de violencia que puede beneficiarse (por ahora) de una amnistía, estableciendo la línea justo en el punto que satisface sus urgencias políticas. La judicatura pugna por el cumplimiento de la ley mientras el Tribunal Constitucional enmienda las sentencias del Supremo y los delincuentes se convierten en fuente del Derecho gracias al poder aritmético de sus escaños en el Congreso. El interés de los vivos prima sobre la memoria de los muertos y más de trescientos asesinatos permanecen sin resolver, muchos de ellos a punto de prescribir por efecto del tiempo. Lo que ya ha prescrito es la cohesión moral de un país resuelto a no olvidar el sufrimiento. Y eso tendrá un precio.