- La detención sin pruebas creíbles y sin garantías de dos ciudadanos vascos evidencia el cariz antidemocrático del régimen venezolano
La detención en Venezuela de dos ciudadanos nacidos en Bilbao bajo la acusación, negada tajantemente por el Gobierno de Pedro Sánchez, de actuar como agentes del CNI y de conspirar en una presunta operación de la CIA destinada a asesinar a cabecillas del régimen -una imputación habitual para tapar arbitrariedades- ha escalado de forma inquietante la crisis diplomática entre ambos países. Una crisis que se desenvuelve en parámetros muy desiguales desde que España acogiera hace nueve días bajo el estatuto prometido de asilado político al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con lo que eso implica de notorio señalamiento del chavismo como un sistema que no opera de manera democrática ni respetuosa con los derechos humanos. Desde que Caracas respondiera con amenazas de ruptura de relaciones al reconocimiento por parte del Congreso de que el exiliado fue el legítimo vencedor de las elecciones del 28 de julio, frente a la negativa de La Moncloa a forzar ese pronunciamiento. Y desde que protagonizara lo que tiene todas las trazas de constituir una represalia gratuita apresando a José María Basoa y Andrés Martínez en un pulso agudizado después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tildara de «dictadura» lo que ocurre en Venezuela.
Esta descripción de los hechos evidencia hasta qué punto Nicolás Maduro está dispuesto a instrumentalizar gestos como el obligado asilo a su rival en las urnas y hasta qué punto el entramado del Estado que controla puede emplearse para prácticas vengativas. El Ejecutivo español ha reaccionando midiendo la respuesta, negando las imputaciones sin prueba creíble alguna del chavismo e insistiendo en su apuesta por «una solución pacífica y democrática» para Venezuela. Pero resulta palmario que la detención sin garantías de Basoa y Martínez -cuya integridad, amparo a sus derechos y puesta en libertad si no hay cargos acreditados contra ellos deben ser objetivo prioritario de nuestra diplomacia- desafía la estrategia de contención de Sánchez, que Caracas no parece apreciar o ha interpretado como una muestra de debilidad. Si algo demuestran los arrestos, ante los que sería de agradecer un acuerdo siquiera de mínimos entre el Gobierno y el PP, es el carácter represivo y autoritario de un régimen que no precisa de supuestas provocaciones para actuar cuando ha detenido a 2.000 personas por disentir de un escrutinio electoral más que sospechoso de fraude.