El ambiente del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, fue el pasado jueves tristemente fúnebre y los débiles aplausos del Grupo Socialista sonaron a campanilla en misa funeral. En el libro colectivo de obligada lectura para todo el que quiera comprender el alcance y significado de esta infausta norma La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho, coordinado y dirigido por Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Enrique Gimbernat, catedrático emérito de Derecho Penal y Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, se reúnen setenta y tres contribuciones de juristas de reconocida solvencia más cinco de pensadores de primer nivel tras cuya lectura la conclusión no es otra que la de su palmaria inconstitucionalidad. Este es un dato para tener en cuenta a la hora de seguir los acontecimientos que se producirán tras la ominosa sesión plenaria del Congreso referida.
Ahora bien, si este hecho evidente no fuera ya por sí solo un motivo plenamente justificado de escándalo e indignación, los efectos de esta ley van mucho más allá de su estricto ámbito, el borrado de los graves delitos cometidos por los auspiciadores, impulsores y ejecutores del llamado procés que culminó en la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 y la fugaz declaración de independencia posterior. Por duro que suene, lo que se ha perpetrado en la votación de la Ley de Amnistía ha sido el entierro del legado de la Transición y el resquebrajamiento del orden constitucional vigente, la reapertura de las heridas en el cuerpo de la Nación que se cerraron hace cuarenta y seis años y el inicio de una nueva etapa de nuestra historia de resultado incierto y de muy posible desgarramiento traumático de nuestra sociedad.
Según su desaprensivo promotor, esta ley traería la pacificación de la cuestión catalana, la concordia nacional, la “desjudialización” de la política y una era feliz de estabilidad, armonía y prosperidad. La exultante declaración del triministro Bolaños junto a las puertas del Parlamento en la que se autofelicitó por tan notable logro y proclamó que los socialistas estaban “orgullosos” de esta tropelía jurídica y moral, refleja hasta qué punto el impudor y la desfachatez más repulsivas se han adueñado de un partido que fue en su día un sólido pilar de la unidad y la concordia entre españoles.
El largo y pedregoso camino que sin duda recorrerá la Ley de Amnistía hasta su eventual entrada en vigor a su paso por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de la Unión Europea, permiten augurar un tiempo de sobresaltos, inestabilidad y agitación social
Ninguna de sus predicciones se está cumpliendo. Los separatistas se han apresurado a dejar bien sentado que la independencia de Cataluña es su invariable objetivo y que el próximo paso que van a exigir a Pedro Sánchez es la celebración de un referéndum de autodeterminación, lo que indica que su beligerancia no ha disminuido ni un ápice. Por otra parte, la convocatoria sorpresa de elecciones autonómicas anticipadas por Pere Aragonés demuestra la nula consideración que los secesionistas tienen por su aliado de la Moncloa, al que otorgan una categoría puramente instrumental.
Todo apunta a que la etapa sanchista está llegando a su final, pero el empecinamiento del presidente del Gobierno, su absoluto desprecio por el interés general, sus probadas capacidades de mendacidad y traición y su egolatría patológica pueden todavía causar un daño considerable, quizá difícilmente reversible. El largo y pedregoso camino que sin duda recorrerá la Ley de Amnistía hasta su eventual entrada en vigor a su paso por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de la Unión Europea, permiten augurar un tiempo de sobresaltos, inestabilidad y agitación social enormemente perjudicial para nuestra economía y para nuestra reputación a nivel internacional.
Cabe la tenue esperanza de que esta crisis aguda de nuestro sistema institucional y político haga reflexionar a la futura mayoría sobre la necesidad de emprender reformas estructurales quirúrgicas de nuestra arquitectura constitucional o, por lo menos, de nuestra legislación en muchos campos clave para nuestra convivencia en paz, cohesión, igualdad y libertad. España se acerca peligrosamente al abismo y el margen que nos queda para evitar la caída definitiva es cada vez más estrecho.