Josu de Miguel Bárcena, EL CORREO, 5/9/12
La sociedad catalana tiene absolutamente interiorizado el victimismo, que ha entrado ya en una fase alucinógena en la que cada decisión errónea de la Generalitat encuentra su explicación en el sistema de colonización política
Después de Valencia y Murcia, Cataluña anunció que acudirá al fondo de rescate autonómico creado por el real decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero y que se dicta en desarrollo de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Dicho fondo crea un mecanismo de apoyo a la liquidez, de carácter temporal y voluntario, de las Comunidades Autónomas, que les permite obtener los recursos necesarios para financiar su endeudamiento. Es un mecanismo adicional de financiación, que se diseña sobre la base de los principios de competencia, eficacia, operatividad y cooperación entre aquéllas y el Gobierno. En el mismo presenta una especial relevancia el plan de ajuste, que se configura como un instrumento en el que se concreta el acuerdo de cooperación para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Para el seguimiento del plan se contemplan obligaciones periódicas de remisión de información económica, financiera y presupuestaria con el objeto de evitar desviaciones en su cumplimiento. En este sentido se prevé la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda proponer su modificación si se detectan riesgos de incumplimiento. El modelo de rescate establecido por el ordenamiento español es, en este sentido, bastante similar al puesto en práctica por las instituciones europeas e internacionales cuando han articulado mecanismos de ayuda financiera para los distintos países con problemas. Mientras Murcia y la Comunidad Valenciana únicamente han anunciado el volumen del importe que requerirán para hacer frente al próximo vencimiento de obligaciones, la Generalitat de Cataluña ha señalado que si bien necesita 5000 millones de euros, no aceptará ningún tipo de condicionalidad o menoscabo de su autonomía política. Mal comienzo para empezar a negociar un acuerdo que requiere una gran dosis de lealtad, colaboración y coordinación institucional para que la imagen del Estado en el exterior no se deteriore aún más.
El rescate catalán admite en todo caso análisis desde diversos planos. En el nivel de consumo político interno, lejos de lo que pudiera parecer, el ‘default’ de las instituciones catalanas es un triunfo más en la larga marcha hacia la independencia. Como si de dirigentes maoístas se trataran, el rescate ha sido presentado por los líderes del nacionalismo catalán (entre los que cabe incluir a algunos dirigentes del PSC) como la consecuencia del déficit fiscal y el expolio económico al que somete el Estado español a Cataluña. La sociedad catalana tiene absolutamente mascado e interiorizado el discurso del victimismo, que siendo justificable en el terreno de las infraestructuras, ha entrado ya en una fase alucinógena donde cada decisión errónea o discutible de la Generalitat encuentra su explicación en el sistema de colonización política y económica que parece esconder el sistema constitucional español. Esta forma de irresponsabilidad política organizada, permite eludir cualquier signo de autocrítica individual y colectiva, necesaria cuando ocurre un fracaso como el que acaba de acontecer en España y Cataluña, y soslayar la revisión de aquellas políticas que han conducido a la petición de un rescate en términos tan agónicos y urgentes.
En el plano jurídico, el rescate comienza a configurarse en España como una institución con rasgos propios, que asume, gracias a la reforma de septiembre del año pasado del art. 135 de la Constitución, las funciones ideológicas y económicas proyectadas por el derecho neoliberal de la Unión Europea. El plan de ajuste y la condicionalidad que implica todo rescate tienen como objetivo limitar el gasto público a través de la reducción del estado del bienestar y la reordenación administrativa de sus tareas. ¿Podrán vivir nuestras sociedades sin una economía financiarizada? A la mayor parte de los políticos autonómicos la respuesta a esta pregunta les trae sin cuidado, pues la existencia del fondo de liquidez, como en su momento la hipótesis de los hispabonos, les permite seguir dejando que sea el Estado el que tome las decisiones difíciles que exige Bruselas, para a continuación poner en cuestión tales decisiones o simplemente encontrar la forma de no cumplirlas (reforma sanitaria). La deuda autonómica seguirá acumulándose debido a las tétricas perspectivas económicas para 2013 y a que la mayor parte de los presupuestos autonómicos siguen sin contemplar, después de cinco años en crisis, un equilibrio transparente entre los gastos y los ingresos. Acuérdense de lo que ha ocurrido con las cajas de ahorro y extrapólenlo a los problemas de financiación regional.
Decía un profesor de derecho público alemán, ya fallecido, que soberano era aquel que dentro de un sistema constitucional podía decidir sobre el estado de excepción. Hoy, en el mundo de la economía globalizada, soberana es la aristocracia financiera con capacidad para prestar y exigir el cumplimiento de una serie de condiciones políticas por parte de quien recibe el préstamo. Por ello, para aquellos que en Cataluña confunden autonomía con soberanía o sueñan con ejercer un poder constituyente originario, el rescate por parte de un país que a su vez ya está rescatado no debería cargar de más razones su independentismo, sino hacer reflexionar sobre la viabilidad del Estado-nación en un mundo de competencia abierta y depredadora. No cabe sin embargo esperar ninguna reflexión en dicho sentido, porque la coincidencia del rescate con la petición de un pacto fiscal inasumible para España, augura un momento histórico de confrontación en el que los tradicionales avances con respecto al autogobierno pueden transmutarse en cambios rupturistas hacia la independencia de Cataluña. De momento llega el teatrillo de la Diada, donde se venderán señeras con un 60% de descuento, no sabemos si gracias a la subvención de la Generalitat.
Josu de Miguel Bárcena, EL CORREO, 5/9/12