Rescate o pacto fiscal

Es imposible que la Generalitat catalana recurra al fondo de liquidez y, al mismo tiempo, avance hacia un modelo de financiación similar al del Concierto y el Cupo

La coincidencia en el tiempo del debate celebrado en el Parlamento catalán en demanda del «pacto fiscal» y la necesidad que la Generalitat tiene de recurrir al fondo de liquidez habilitado por el Gobierno central llevó al president Artur Mas a proclamar ayer el «ahora o nunca». En el fondo se trata de una consigna ambivalente. Por una parte intenta presentar el momento más comprometido para las finanzas de dicha comunidad como el idóneo para dar un salto que equipare su sistema al del Concierto o el convenio liberándolo de la dependencia respecto a Madrid. Pero por la otra refleja el temor a que las necesidades más inmediatas sepulten o cuando menos lastren la vindicación de un modelo singular de financiación.

Desde que CIU se hiciera con la abrumadora mayoría del poder institucional catalán ha venido sorteando la encrucijada entre la ambición de desbordar el Estatut refrendado y posteriormente corregido por el Tribunal Constitucional y la necesidad de una política más pragmática, encarnada en su apuesta por los recortes y las reformas antes de que Rajoy se inclinara por la austeridad a ultranza. Pero la ambivalencia del «ahora o nunca» no es únicamente reflejo del eterno dilema convergente. Retrata también los paradójicos estados de ánimo de la sociedad catalana, en la que después de tres décadas de contención del independentismo en torno a un tercio de la opinión su apetito ha experimentado un repentino auge en las encuestas, al mismo tiempo que se dispara la inquietud ciudadana respecto a la viabilidad inmediata de los servicios que presta el autogobierno real.

Aunque Artur Mas argumente con vehemencia que todo se solucionaría con el «pacto fiscal», y aunque la sociedad catalana atienda con simpatía a las hipotéticas bondades del mismo, la partitocracia catalana no puede sustraerse al creciente escepticismo hacia las élites políticas y su manifiesta indolencia para administrar, milagros aparte, el dinero disponible según criterios de rentabilidad social.

Todo ello ha llevado a la Generalitat convergente a una disociación voluntarista de los dos factores en juego: el acceso al fondo de liquidez y la aspiración al «pacto fiscal». El primero pertenecería al orden trivial de las necesidades de tesorería, mientras el segundo correspondería al plano trascendente de una Cataluña no dependiente por fin. Claro que lo sublime depende de que se resuelva satisfactoriamente lo perentorio. Condición que la ‘nomenclatura’ convergente intenta obviar ante la opinión pública dándole la vuelta al argumento: las apreturas financieras de la Generalitat son la demostración definitiva de que Cataluña requiere una hacienda propia.

El problema es que la intervención española sobre la Generalitat, llámesele como se le llame, antecede a la probable intervención europea sobre España. Si el orden de los factores hubiese sido el inverso, la estrategia convergente habría contado con un argumento moral para reclamar un estatus que liberase a Cataluña de la carga de la España de Zapatero y Rajoy. Pero desde el momento en que las cuentas públicas catalanas han sido señaladas como el mayor lastre que padece la solvencia española la votación parlamentaria de ayer, favorable a una hacienda propia gracias a los votos de CiU, ICV y ERC, puede sonar a extravagancia e incluso a provocación en el ámbito europeo e internacional. Qué decir del efecto que produzca en mercados que miran hacia otro lado.

El nacionalismo catalán renunció a la vía del Concierto o el convenio durante las negociaciones del Estatut del 79 porque el ‘pujolismo’ era reacio a asumir tareas de recaudación que le parecían impopulares. Más de treinta años después Artur Mas y todos los convergentes enarbolan la bandera de financiarse como los vascos y los navarros. El hecho de que la Constitución del 78 conceda únicamente a los territorios forales un sistema tan exclusivo no puede significar que esté vedado por principio para las demás autonomías. Pero si los privilegios que nos brinda nuestro 6,24% de Cupo se hacen extensivos a una comunidad con mucho mayor peso sobre el PIB español como Cataluña el estado autonómico se vuelve financieramente inviable incluso sin padecer dos recesiones consecutivas.

Ha quedado demostrado que la Generalitat catalana soporta un déficit fiscal equiparable a la ventaja que Euskadi obtiene de su singular sistema de financiación. Pero si hasta la fecha la renuencia del poder central –y del propio PSC– para dar carta de naturaleza a un modelo análogo al vasco y al navarro derivaba de la necesidad de sostener un sistema interterritorial solidario, en el que los catalanes eran los alemanes de España, dispuestos a contribuir al desarrollo de comunidades más desfavorecidas que se convertían en su mercado más próximo, a partir de ahora la aprobación parlamentaria del pacto fiscal va a penalizar tanto a Cataluña como al conjunto de España.

Será injusto, más que injusto; pero ineludible para quienes, como los convergentes, han tenido siempre a gala su capacidad de conciliar el maximalismo nacionalista con el pragmatismo que ha de exigírsele a la política.