Sostienen sus portavoces que la Ertzaintza no ha roto con una «lógica represiva heredada del pasado» y que a menudo se extralimita en el uso de la fuerza, por lo que reclaman una reforma integral del cuerpo y un debate sobre el modelo policial que Euskadi necesita. Sin embargo, al calificarla de «antidemocrática», la formación que lidera Arnaldo Otegi incurre en una lógica similar, que no termina de pasar página, olvidando que la Policía autonómica es una institución que nace del mismo consenso político del que emana el Estatuto de Gernika refrendado por voluntad popular. Cuestionar su legitimidad es cuestionar el entramado institucional que EH Bildu dice respetar hoy y gracias al cual gobierna en numerosos ayuntamientos.

La izquierda abertzale debiera reflexionar seriamente sobre el impacto de sus declaraciones. No se trata de blindar a la Ertzaintza ante cualquier crítica legítima. Toda institución pública debe ser objeto de control y mejora constante. Pero en política las palabras tienen un gran poder y llamar «antidemocrática» a la Policía vasca o decir que «ha perdido su propósito original de cuidar de este pueblo» no es una crítica constructiva, sino una enmienda a la totalidad y una declaración de principios sobre uno de los pilares de nuestro autogobierno que puede tener consecuencias sociales muy negativas.

Criticar a la Ertzaintza permite a EH Bildu conectar con los sectores juveniles más contestatarios de su base social, en un momento en el que busca ampliar su techo electoral. Pero al cuestionar su legitimidad de manera tan genérica como irresponsable, desautoriza y desmoraliza al cuerpo, dando carta de naturaleza a los alborotadores, y alienta un clima de crispación y polarización que puede traducirse en más altercados y agresiones, como los vividos en Hernani, Azpeitia o Gasteiz, o en graves insultos y amenazas como los vertidos en las pintadas contra el consejero de Seguridad o el alcalde de Bilbao. Si existe una preocupación sobre los protocolos policiales, el uso desproporcionado de la fuerza o la transparencia en sus actuaciones, esta debe estar basada en hechos verificables y ser abordada con rigor y por los cauces institucionales previstos para ello, evitando caer en una descalificación de trazo grueso que ofrece cobertura moral a quienes han decidido volver a poner a la policía vasca en el disparadero, haciendo de ella el enemigo a batir en una indeseable reedición de la kale borroka.

Una formación que aspira a gobernar no puede permitirse esta clase de posicionamientos antisistema. Gobernar implica responsabilidad y eso incluye no normalizar conductas antisociales ni avivar los rescoldos de un oscuro pasado que Euskadi aún intenta superar, por el que hemos pagado un precio muy alto.