Pedro Sánchez ratificó ayer ante los principales cargos del PSOE congregados en el comité federal, enlutado por la imputación, primero, y el ingreso en prisión, después, de Santos Cerdán, su determinación de seguir adelante al frente del partido y del Gobierno, procurándose un cierre de filas que amarra a los suyos y al conjunto del país a sus designios. Que el cónclave que Sánchez presentó como un revulsivo se viera sacudido en sus prolegómenos por la dimisión de otro de sus hombres de confianza, Francisco Salazar, por las acusaciones rayanas en el acoso sexual de varias mujeres de las que era jefe dista de ser un mero episodio más de la crisis que carcome a los socialistas. No puede serlo, obviamente, porque las sospechas de una vulneración tan grosera de la igualdad corrompen los principios éticos y corroen la credibilidad del partido, con su líder a la cabeza, en el compromiso con el feminismo. Y no puede serlo, en ningún caso, porque el episodio de Salazar agranda el elefante en la habitación que Sánchez no consigue apartar desde que el ‘caso Cerdán-Ábalos-Koldo’ se llevó por delante a sus dos secretarios de Organización: que es él, antes que ningún otro integrante del partido, quien está interpelado por el reclutamiento y posterior ascenso de unos fieles por los que ahora se ve obligado a pedir perdón. Sin asumir ninguna responsabilidad en primera persona por la sucesión de presuntos actos ilícitos.