Aunque no todas los causas judiciales son iguales, ni tienen la misma trascendencia, sí parece pertinente destacar que la influencia política, sobre todo desde posiciones de poder, suele estar detrás de las tramas, cloacas y zonas oscuras bajo sospecha que siguen sin ser desterradas por los partidos. La legítima preocupación social ante la escalada de sobresaltos no viene dada tanto por la mezcla de bulos, rumores y procesos judiciales. Está marcada por la cruda realidad de los informes de la UCO y la UDEF, las investigaciones, los sumarios y las sentencias. Poner en marcha el ventilador supone un flaco favor para el prestigio de las instituciones que, precisamente, tienen la misión de perseguir los comportamientos irregulares e ilícitos. La gravedad de los indicios exige transparencia y una asunción de culpas con consecuencias concretas, en lugar de atrincherarse o diluir las responsabilidades propias en el fango ajeno.

Mientras socialistas y populares evidenciaban su incapacidad para abordar la lucha contra la corrupción con controles de prevención más eficaces, la actualidad judicial les señalaba el origen de su calvario: la petición fiscal de ocho años para el exdiputado del PSOE ‘Tito Berni’ por cohecho; el juicio por el ‘caso Kitchen’ en el que está implicada la cúpula de Interior, con el exministro del PP Jorge Fernández Díaz a su cabeza; la investigación a ocho directivos de la Sepi por el rescate de Tubos Reunidos; y la citación de Begoña Gómez ante el juez Peinado para entregarle el pasaporte. Erradicar la corrupción exige también asumir la responsabilidad política cuando la elección resulta fallida. Y ese es un compromiso al que se resiste Sánchez, cuando él fue quien puso a su lado a Ábalos y Santos Cerdán para elevadas tareas. Una vez más, ayer fue una ocasión perdida.