Responso por la democracia española

Son legión los que han contribuido, desde que la Constitución se promulgara, a minar su fuerza. Izquierda y separatistas, sin ir más lejos, creen posible reformarla de facto vía leyes orgánicas. Incluso antes de promulgarse, los nacionalistas, enemigos más persistentes del régimen de libertades, lograron arrancarle a la derecha reformista —en el sentido de reforma frente a ruptura que se le dio a la dicotomía a mediados de los setenta— un confuso, problemático, provisional e incoherente Título VIII (De la Organización Territorial del Estado). Más la palabra bomba «nacionalidades», sinónimo, dado el contexto, de naciones. No es momento de revisar aquí los incontables errores e improvisaciones con que se fue tratando de corregir un modelo disfuncional. Cuando la deslealtad desborda cierto nivel, ni hay sistema que aguante. Bajo el 23-F castizo había un «golpe de timón» (expresión de Tarradellas) con partidarios sorprendentes. Si es que a alguien le importa un viejo golpe fracasado justo después de uno triunfante.

Lo que el 23-F oculto no logró (derogar el Título VIII), lo intentó la LOAPA con Felipe González. La «armonización del proceso autonómico» no fue posible porque la tumbó el TC. Cierto es que la materia tratada no está entre aquellas de las que una Ley Orgánica puede ocuparse. No menos ciertas son otras conclusiones lógicas inevitables: ni Felipe González, con su cesarismo hoy olvidado y su propio entorno de corrupción generalizada igualmente enterrado por los años, tenía el dominio de las instituciones que hoy tiene el heredero de sus cargos y sus siglas. Al TC lo podía presionar González; seguramente alguna sentencia, como la de Rumasa, se explique así. Pero no pudo obligarle a aprobar la constitucionalidad de la LOAPA. Sánchez dicta sentencia y luego se la pasa a Pumpido, para que la bendiga con el beneplácito traidor de los magistrados progresistas (matar un Estado democrático de Derecho sería progreso) y con el impagable auxilio que los conservadores (¿de qué?), que pudieron evitar el asesinato de la democracia simplemente no acudiendo al pleno.

En la línea de tales conservadores, inútiles a fuer de moderados, élites e instituciones se disponen a representar un teatrillo siniestro donde mantienen los ojos abiertos con palillos a los cadáveres. Tipo Arias Navarro. El analista político español suele quedar embobado por las personas que ocupan uno u otro cargo relevante, como si el futuro fuera a depender de la voluntad de Pedro, Cándido, Alberto o Felipe. Hay algo que deberían comprender, si es que pueden: algunas violaciones de la ley, algunas inconstitucionalidades son tan graves que, salvo rápida reanimación y amplia pedagogía, liquidan la democracia. Las instituciones, el sistema mismo y sus valores fundacionales pierden todo valor, todo vigor, toda existencia real cuando un líder carismático sustituye el Derecho positivo por su voluntad. Todos sabemos que la amnistía es inconstitucional. Pretender lo contrario y tirar adelante sin curar ese zarpazo letal, ese acto de autoritarismo de cariz venezolano, solo apartará más de la confianza institucional a una nación engañada, violada y arrastrada.