Ignacio Camacho-ABC
- Urda representa el dramático, letal colofón de un colapso de Estado ante el que el cambio constituye ya un imperativo democrático
El accidente de Urda ha reventado la campaña. Mientras las víctimas lloran y la nación se duele, los estados mayores de los partidos se afanan estos días en encontrar el modo de replantearla. No cabe la sorpresa, ni el lamento, ni la rabia: el egoísmo está en la esencia misma de la condición humana. Hay cientos de asesores estudiando nuevas tácticas, nuevas promesas, nuevos marcos mentales adaptados a las nuevas circunstancias. El Gobierno busca el modo de alejar la mirada de la opinión pública de la tragedia ferroviaria; la oposición, el de mantener la catástrofe como eje simbólico de un proyecto de regeneración estructural y moral de España. Cuando acaben los funerales aún quedarán tres semanas para recomponer los argumentarios sobre la marcha.
Resulta por ahora imposible calcular el impacto del desastre en las urnas, más allá de los sondeos, pero si éste no es el final del sanchismo nada lo será en mucho tiempo. Si el régimen de Pedro –porque todo poder que rechaza la alternancia es un régimen o tiene vocación de serlo– logra resistir dos hecatombes casi idénticas y rodeadas de manifiestas evidencias de fallos en el mantenimiento no habrá más remedio que concluir que la sociedad se ha vuelto inmune al caos sistémico encarnado por una Administración cuya desidia funcional es objetivamente indisociable de las causas inmediatas de ambos siniestros. Que vivimos en un país donde los ciudadanos absuelven la corrupción, soportan la incompetencia y se dan por satisfechos ante el desgobierno.
Urda y Adamuz representan el colofón de ocho años de colapso político, institucional, ético y práctico del Estado, agravado por la apoteosis de anomalía de esta legislatura de escándalos –desde la amnistía a la invasión de Ceuta pasando por un rosario judicial con 125 imputados– culminada con el doble impacto dramático de los trenes estrellados. En un cuerpo electoral menos polarizado, el relevo de un Ejecutivo desgastado por su negligencia en la gestión y abrasado por el bloqueo parlamentario constituiría un imperativo democrático. Pero la existencia de un voto ‘pedroplanista’, antifactual, blindado contra la realidad bajo una sólida coraza de instinto sectario, aún permite cierto margen de duda sobre los pronósticos demoscópicos de cambio.
La alternativa, si se produce, tendrá ante sí la compleja tarea de recomponer la quiebra orgánica que va a recibir en herencia. Quizá le sea relativamente fácil revocar o sustituir las leyes y medidas de Sánchez más polémicas, pero la reconstrucción del deterioro acumulado durante casi una década en infraestructuras estratégicas, servicios, energía o vivienda será mucho más lenta y exigirá un esfuerzo que pondrá a prueba la cohesión interna de la previsible alianza de las dos derechas. La transformación que espera la mayoría de los españoles –cabe esperar que incluido el silencioso sector sensato de la izquierda– no es ideológica, ni social, ni económica o financiera: se trata sobre todo de devolver la vida pública a un aceptable estándar de decencia.