Iberdrola es, simplemente, una empresa insustituible en el País Vasco. Ahora que vemos un continuo goteo de salidas y abandonos -el último ha sido la gran esperanza perdida de Siemens Gamesa-, Iberdrola mantiene una presencia entre nosotros que dura ya más de cien años.
Pero para evaluar su importancia, no hay que fijarse solo en los datos del año pasado. El informe de PWC de 2019, que habrá sido ampliamente superado tras el impresionante proceso de crecimiento e inversión de estos tres últimos años, evaluaba en un 2% su impacto en el PIB vasco, lo que supone 1.757 millones. Mantiene 1.800 empleos directos y más de 15.000 indirectos e ingresa (directa e indirectamente) 1.200 millones en las distintas haciendas concernidas, con 1.000 millones de compras a más de 600 proveedores locales.
Más allá de las cifras, quizás lo más importante sea que es el líder mundial en renovables y en gestión de redes inteligentes, donde destaca la puesta en marcha en Larraskitu de un hub en el que ya trabajan 50 empresas, centros tecnológicos y universidades en 20 proyectos, y que ya ha supuesto un empujón tremendo a la industria local a la que se ha abierto un nuevo mundo de tecnologías y mercados. Y esto no para, pues sus planes son invertir 75.000 millones en todo el mundo hasta el año 2025, una cifra que permitirá duplicar las compras a proveedores vascos.
Los resultados obtenidos el año pasado han sido espectaculares con un beneficio récord de 3.885 millones. Ayer, una vez conocidos, y como era de esperar, se desataron las críticas en las redes, al acusar a la empresa de beneficiarse de los precios de la electricidad, causando un perjuicio a las familias. Parece que no han tenido en cuenta el origen geográfico de los beneficios. Ni han hecho una comparación entre el aumento de la tarifa, para quienes ha aumentado, y el de los beneficios, que es del 7,6%. ¿Sería mejor que la empresa fuera mal, despidiera a sus empleados, abandonara sus inversiones, suspendiera los dividendos a sus accionistas y dejara de ingresar a las haciendas?
Coincidendo en el tiempo con esta espectacular expansión empresarial, Iberdrola se encuentra sumida en un desagradable proceso judicial, relacionado con el oscuro personaje del comisario Villarejo que se encuentra en fase de instrucción por parte del juez García Castellón. Y el problema consiste en que no es seguro, y ni siquiera es probable, que dicho juez se vea tan impresionado por todo lo antes expuesto como para condicionar su decisión final. La posible apertura del juicio oral supondría un golpe para la gobernanza de la empresa, cuyos órganos de administración estarían obligados a tomar determinaciones decisivas de cara al futuro de una empresa que, como decía al principio, es insustituible.