«El empleo y la economía son las principales preocupaciones de los españoles. Y son también las principales preocupaciones del Partido Popular». Esta obviedad pertenece a Alberto Núñez Feijóo y figura en la introducción al «Programa Electoral del PP: Un proyecto al servicio de un gran país», un texto largo y tan cargado de generalidades como de buenas intenciones, seguramente porque no ha llegado el momento de concretar, que no es bueno vender la piel del oso antes de cazarlo. La medida número 45 de las ciento y pico contenidas en ese Programa dice textualmente, y en mayúsculas, que «HAREMOS AL INICIO DE LA LEGISLATURA UNA PROFUNDA REVISIÓN CON LA IGAE DE LA SITUACIÓN REAL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, los compromisos de gasto adquiridos por el actual Gobierno y las obligaciones pendientes», ahí le duele, es decir, que lo primero que un hipotético Gobierno Feijóo hará si gana las generales es comprobar la situación de las cuentas públicas, ver qué agujeros se encuentra y qué vías de agua hay que taponar, de forma que será la herencia recibida –temible, como ocurrió en 2011 con Zapatero- la que marque el camino a seguir. «Dejaremos atrás el conformismo y el triunfalismo de quien ha colocado a España en la cola de la recuperación tras la pandemia y a la cabeza del paro en la UE, para situarnos en el liderazgo del crecimiento y la creación de empleo». Un reto de primera magnitud, junto a la obligación histórica de acertar, porque, tras el quinquenio negro de Pedro Sánchez, difícilmente tendrá la derecha española una nueva oportunidad de enmendar el rumbo y revertir la argentinización acelerada a la que ahora se dirige España.
Seguramente la ausencia de medidas específicas que se observa en ese Programa tiene que ver con la incógnita que rodea la personalidad de los futuros hombres fuertes del equipo en Economía y Hacienda, que poco o nada tienen que ver con quienes lo han redactado, de modo que serán ellos quienes, en su momento, formalicen las decisiones y perfilen las propuestas concretas. En este sentido, sí avisa que «los responsables de Economía y Hacienda serán personas técnicas de alto nivel», promesa que hay que valorar como una apuesta por la credibilidad a la hora de llevar a cabo las reformas necesarias. Anuncia el Programa «popular» la voluntad de «equilibrar las cuentas, reducir la presión fiscal y al tiempo facilitar la prestación eficiente de los servicios públicos fundamentales». Equilibrar las cuentas, la primera en la frente, es decir, acometer por fin un programa serio de consolidación fiscal que ponga freno a la deriva del déficit y su correlato, la deuda pública, una cuestión sobre la que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido cuantas veces ha sido llamado al Parlamento o ha tenido ocasión de manifestarse en boletines e informes de la institución que dirige.
Tras el quinquenio negro de Pedro Sánchez difícilmente tendrá la derecha española una nueva oportunidad de enmendar el rumbo y revertir la argentinización acelerada a la que ahora se dirige España
Tras la irresponsabilidad que ha presidido la acción de un Gobierno como el de Sánchez, acostumbrado a tirar del gasto público sin el menor pudor, además de gozar de barra libre por parte de una Comisión Europea dispuesta a mirar hacia otro lado con las reglas fiscales comunitarias por culpa de la pandemia y sus efectos, el nuevo Ejecutivo tendrá ante sí la obligación política y moral de poner orden en las cuentas públicas como condición sine qua non para hacer realidad ese «crecimiento estable y sostenible que garantice la creación de empleos de calidad» a que alude el Programa, dejando de una vez de cargar sobre las espaldas de las generaciones futuras el brutal egoísmo de las presentes. España arrastra un problema crónico con el déficit público desde el principio de la transición, habiendo cerrados con déficit todos los ejercicios fiscales desde prácticamente 1976, excepción hecha del trienio 2005-2007 en que las políticas monetarias laxas dieron un falso impulso a la actividad económica que luego se pagó en el trienio 2009-2011 con un déficit medio anual superior al 10% del PIB. Déficit y deuda. España no puede plantearse ningún futuro como país próspero con la losa de una deuda que supera el 110% de su PIB y que esta legislatura ha crecido en alrededor de 350.000 millones adicionales, auténtico estandarte del Gobierno menos austero de la democracia.
España arrastra un problema crónico con el déficit público desde el principio de la transición, habiendo cerrados con déficit todos los ejercicios fiscales desde prácticamente 1976
Un proceso de consolidación fiscal serio reclama un paralelo recorte de gasto que haga creíble la sostenibilidad de las cuentas públicas. Esta es la madre del cordero de todo Gobierno sedicentemente liberal que se precie. Lo que inevitablemente conduce a poner el foco en el tamaño de la Administración. No es de recibo que mientras los aumentos de productividad en sectores como el bancario se han traducido en recortes de cientos de miles de empleos, por no hablar de otros donde las nuevas tecnologías han provocado idéntico fenómeno, la Administración siga siendo una especie de cementerio de elefantes donde se estabulan funcionarios en número creciente y en tareas puramente burocráticas, con plantillas que no dejan de crecer a pesar de que aparentemente cada vez prestan menos y peor servicio a los ciudadanos. Este Gobierno mendaz acaba de anunciar, a diez días de unas elecciones generales, una nueva oferta récord de empleo de casi 40.000 plazas, concretamente 39.574, ello en un país donde el 55% de todo el empleo creado durante la legislatura ha sido público.
Racionalizar la Administración –con plantillas que han crecido sin tino tras la aparición de las Autonomías, a veces la única fuente de empleo en las regiones más pobres del país- es una de esas viejas aspiraciones españolas a las que no hay Gobierno que sea capaz de hincarle el diente. Racionalizar las Administraciones, y meterle mano a la cultura de la subvención, la droga en vena que este Gobierno de izquierda radical ha entronizado sin el menor pudor con fines electorales la mayor parte de las veces. Y acabar con el chocolate, sí. El famoso «chocolate del loro»: millones de loros comiendo chocolate en este pobre país nuestro. Poner límites a un Estado que no deja de crecer y arrogarse funciones que deberían radicarse en el ámbito privado. Más del 58% del PIB francés se destina a gasto social. ¿Resultado? Francia camina inexorable por la senda de la quiebra financiera, además del desgobierno. Es una evidencia que el crecimiento sin límites del Estado del Bienestar terminará colapsando y llevando al propio Estado a la bancarrota. Como escribió el economista y filósofo «moral» Wilhelm Röpke «¿Acaso no es progreso que la gente se haga mayor de edad en términos económicos gracias a sus ingresos crecientes, y se haga así responsable de su destino, de manera que podamos disminuir el Estado Benefactor en lugar de inflarlo más y más?»
Más del 58% del PIB francés se destina a gasto social. ¿Resultado? Francia camina inexorable por la senda de la quiebra financiera, además del desgobierno
Dejar de promocionar desde el Gobierno el empleo público implica confiar en la capacidad del mercado y la iniciativa privada para crear empleo sano, lo cual supone un cambio de paradigma que debe llevar aparejada la existencia de un marco fiscal y regulatorio (de seguridad jurídica) que anime al emprendimiento. Significa reducir la presión fiscal, la otra pata sobre al que debería sustentarse todo Estado gestionado con la diligencia del honrado comerciante. El nuevo Gobierno debería proceder a revisar las cuatro grandes fuentes de ingresos públicos: IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF y cotizaciones sociales. En el caso del IVA habría que ir a un tipo único, con desaparición paulatina del batiburrillo de deducciones que al final desvirtúan un impuesto definido por los expertos como el más justo, precisamente por indirecto, de todos los existentes. En Sociedades, habría que ir a una reducción que haga atractiva la inversión extranjera en España. Si queremos aumentar la productividad y los salarios reales necesitamos atraer capital, es decir, aumentar la cantidad de capital invertido por empleado. En cuanto al IRPF, además de corregir los efectos de la inflación en la tarifa –vergüenza la de este Gobierno al respecto-, habría que caminar hacia una simplificación de su estructura y una reducción de la progresividad. ¿Qué decir de las cotizaciones sociales? Un Gobierno con algún aliento liberal debería enviar un mensaje claro y contundente al mundo del emprendimiento –desde la gran empresa al modesto dueño del bar de la esquina- diciéndole que se va a aliviar de inmediato la presión de unas cotizaciones, entre las más altas de la OCDE, convertidas en un auténtico impuesto al empleo, mediante la reducción de un punto el primer año, otro el segundo y así sucesivamente. Reducción de cotizaciones para aumentar la renta disponible del trabajador y reducir el coste laboral para el empresario.
El nuevo Gobierno debería proceder a revisar las cuatro grandes fuentes de ingresos públicos: IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF y cotizaciones sociales
Hay muchas otras asignaturas a las que un eventual Gobierno Feijóo deberá enfrentarse, caso de las pensiones, desde luego que sí, las pensiones. Es imposible que un Gobierno responsable mantenga la revalorización de las mismas de acuerdo con el IPC. Es suicida desde el punto de vista de la salud de las cuentas públicas y es inmoral desde el respeto debido a las nuevas generaciones. Llama la atención, por eso, que el líder del PP declarara el viernes en Onda Cero su disposición a mantener esa revalorización conforme al IPC, afirmación que hay que encuadrar en el momento político presente. Convengamos en que, a siete días de unas generales, ni el más honesto de los candidatos sería capaz de decirle a un abuelo español que el próximo Gobierno le va a privar de esa gabela. Es muy difícil que un político reconozca lo que cualquier ciudadano con dos dedos de frente haría: que los recursos son limitados y que no se puede vivir sine die de prestado.
Muchas otras cosas quedan en el tintero (la libertad de elección de la edad de jubilación, por ejemplo, o la introducción paulatina de criterios actuariales para el cálculo de la pensión, o la capitalización y abandono progresivo del sistema de reparto) de un futuro Gobierno de centro derecha obligado a cambiar el rumbo de un país que ha ido perdiendo fuelle, ha ido cediendo posiciones en lo que a renta per cápita se refiere, se ha ido empobreciendo paulatinamente, al mismo tiempo que ha sido pasto de la burocratización más absoluta, la estatificación más grosera. Muchas de esas cosas se han dicho estos años en sede parlamentaria, en particular en la Comisión de Economía del Congreso. Las ha dicho el gobernador Hernández de Cos y las ha dicho también, ampliadas y amplificadas, un tipo como Rubén Manso, portavoz parlamentario de VOX en dicha comisión, un liberal de una pieza que sorprendentemente ha sido apartado de las listas electorales de forma tan injusta como obtusa. Un Vox que ha renunciado a convertirse en un partido de derecha liberal para ser otra cosa. De Manso es la necesidad de que el futuro Gobierno devuelva a los empresarios la capacidad para hacer y deshacer dentro de la empresa, les devuelva eso que siempre se ha entendido por «libertad de empresa», eliminando trabas, peajes y obligaciones que este Gobierno mendaz les ha impuesto, las auditorías de género, por ejemplo, letanía de obligaciones absurdas que dificultan la gestión, detraen recursos y son fuente de paralizante burocracia.
Se ha aplicado una extraña política de rentas en la que se ha distribuido el empobrecimiento progresivo, lento y constante, de manera no equitativa
Llevamos años con políticas en las que el empobrecimiento se ha repartido de manera desigual en favor de los más viejos contra los más jóvenes, en favor de los empleados públicos contra los privados, en favor de los fijos contra los temporales… Se ha aplicado una extraña política de rentas en la que se ha distribuido el empobrecimiento progresivo, lento y constante, de manera no equitativa. Una bomba de relojería social que explica mucho del desafecto de amplias capas de la población al sistema. Es urgente acabar con el asfixiante intervencionismo de este equipo de analfabetos económicos y comunistas vocacionales. Ahora han anunciado que se proponen «blindar» el poder adquisitivo de las pensiones indexándolas a la inflación mediante un cambio constitucional. El PSOE, sí. Necesitamos respirar, dejar atrás el sectarismo, el frentismo, el descrédito de las instituciones, la corrupción y la mentira como forma de Gobierno. Acabar con los amigos al frente de Correos. Los infinitos Correos de Sánchez. El futuro Gobierno se va a dar de bruces con la ingente tarea de revertir la argentinización de España. Un esfuerzo de titanes, pero también una oportunidad de oro para construir un país mejor. Hacer realidad una España democrática donde quepamos todos. Al menos intentarlo.