EL MUNDO – 18/05/14
· Investigan la Audiencia de Madrid, la Guardia Civil y la Agencia de Protección de Datos.
Guardia Civil, Agencia de Protección de Datos, Audiencia Provincial, tres son las instituciones que, por un motivo u otro, tienen puesta la mirada en la gestión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cuyos efectos se sustanciarán en próximas fechas.
Y en los tres focos, una posible mala gestión por parte de la anterior junta directiva, liderada como la de ahora por Ángeles Pedraza, cuyo protagonista sería Miguel Folguera, el que fuera consejero de la presidenta de la Asociación hasta que transcendió –porque lo desveló EL MUNDO– que se habían denunciado posibles irregularidades en las decisiones adoptadas por ambos.Dichas irregularidades fueron sacadas a la luz por víctimas de ETA, que denunciaron los trámites que Pedraza y Folguera realizaron para poner en marcha la Plataforma de Amigos de las Víctimas del Terrorismo, dirigida por éste último.
La ya delicada situación coincidió con una circunstancia igualmente complicada como es el inicio de un juicio en el que Folguera comparece como acusado. El fiscal le pide tres años y medio de prisión por su presunta implicación en una red de tráfico de armas desmantelada por la Guardia Civil.
El juicio comenzó hace semanas, pero se suspendió pendiente de que el Tribunal resolviera las cuestiones previas. Finalmente, los magistrados decidieron anular las escuchas telefónicas –la prueba básica de las investigaciones de la Guardia Civil–y determinaron que el procedimiento debía reanudarse el próximo martes.
El fiscal entiende que Folguera cometió un delito de depósito de armas de fuego reglamentadas y de munición; sin embargo, lo más probable es que, una vez anulada la prueba fundamental, las acusaciones relativas al tráfico de armas –que fue detectado tras los atentados del 11-M–, se diluyan hacia el sobreseimiento. De momento, no obstante, este representante de las víctimas tendrá que volver a sentarse en el banquillo en la Audiencia Provincial de Madrid.
Y no será éste el único episodio que en las próximas fechas provoque dolores de cabeza a los afectados. Cuando varias de las víctimas denunciaron las irregularidades en la gestión de la AVT, publicadas por éste periódico, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, manifestó que su departamento únicamente actuaría si se formulaban por escrito las acusaciones. Y los aludidos lo hicieron. Presentaron escritos ante el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y la Fiscalía.
Los responsables del Ministerio Público, de momento, han optado por el silencio. Y no se tiene noticia de que el Departamento de Interior haya emprendido algún tipo de iniciativa. Sí ha movido pieza la Guardia Civil, que ha abierto una «información reservada». Los investigadores pretenden aclarar algunos datos económicos sobre Folguera.
Éste, responsable también de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, es guardia civil, sigue cobrando como tal y está sometido al régimen disciplinario del cuerpo; y es la Guardia Civil la que quiere dilucidar si, como denuncian las víctimas, ha estado percibiendo una asignación mensual, acordada, pactada y con el visto bueno de Pedraza, de 800 euros al mes, pese a que, en teoría era sólo un voluntario de la Asociación. Esos pagos podrían estar fuera del reglamento interno.
Folguera provocó un fuerte malestar cuando trató de ser reconocido como víctima de un atentado de ETA.
Su petición decayó porque los investigadores del caso no lograron obtener un solo dato que acreditara que había estado en el lugar del atentado que dijo haber sufrido. Pedraza trató de mediar con el Ministerio para que le fuera reconocida la condición de víctima. Pero fue inútil. Esa situación fue advertida por una psicóloga de la AVT que, posteriormente, se tuvo que marchar de la asociación. Y no fue la única. La salida de trabajadores durante el mandato de Pedraza y Folguera ha sido constante.
La agencia de Protección de Datos también ha quedado activada al recibir la denuncia, por parte del citado grupo de víctimas, de que pudo hacerse mal uso de la base de datos de la AVT para poner en marcha la Plataforma de apoyo que dirige Folguera. Las informaciones apuntaban a que se habían utilizado identidades de víctimas registradas en la AVT como socias de la Plataforma sin su consentimiento.
Según explicaron varios de los afectados, al revisar el listado de quienes avalan la creación de esa Plataforma constaban nombres de familiares suyos que, una vez consultados, aseguraron que no habían autorizado el uso de su identidad para la puesta en marcha de esta Plataforma. Y, como no puede ser de otra manera, el caso acabó en la Agencia Española de Protección de Datos.
Este periódico ya adelantó que desde la AVT se realizó un volcado masivo de datos de afiliados para que figuraran como socios de la Plataforma de Folguera. Ahora, la Agencia deberá comprobar las denuncias de esas víctimas que han visto como se utiliza su identidad en favor de los intereses del que fuera consejero de la presidenta Pedraza.
EL MUNDO – 18/05/14