Todos quieren evitar la huelga. Los jueces y fiscales que recurrieron al anuncio del paro indefinido como última opción, desde luego. Pero después de años de desidia administrativa pensaron que éste era el único camino que les quedaba para que el Ministerio de Justicia les preste atención. Un trato semejante al que recibieron los letrados cuando, con sus protestas y después de provocar la suspensión de 356.000 juicios y vistas y más de 420.000 demandas, alcanzaron el aumento salarial que pedían. Cuando un poder del Estado puede paralizarse parcialmente no es cuestión baladí. No es para quitarle importancia. Los jueces y fiscales se rebelan para reclamar actualización salarial y para exigir medidas compensatorias de la excesiva carga de trabajo. La vindicación del reconocimiento profesional y de mayores recursos es lo que ha puesto en pie de guerra a los togados.

El Consejo General del Poder Judicial, que sigue sin renovarse por el bloqueo político del PSOE y PP y porque no puede hacer nombramientos dado que el Gobierno se lo impide mientras esté en funciones, no sólo apoya las reivindicaciones de los jueces y magistrados, sino que viene reclamando la creación de 293 juzgados nuevos. Pero el Gobierno de La Moncloa no ha presupuestado tanto gasto, así que se quedarán en veinte centros, a lo sumo.

Que la Mesa de Retribuciones (el organismo de revisión salarial) se reuniera ayer por primera vez desde 2008, indica el grado de inhibición gubernamental que ha existido durante todos estos años hacia las condiciones del mundo de la judicatura en un país de elevada litigiosidad.

La Justicia, en nuestro país, tiene un panorama complicado. No nos podemos comparar con Europa en donde la ratio de jueces es de 21 por cada 100.000 habitantes mientras que, en España, no llega a 12 por el mismo número de población. No es de extrañar que los togados hablen de sobrecarga de trabajo. Con la «hemorragia legislativa» que está produciendo el Gobierno de La Moncloa, la lista desbordada de proyectos supone que los magistrados trabajen al 150% de sus capacidades. Pero la falta de consideración profesional subyace detrás del malestar del colectivo. La Justicia requiere más atención. También por parte del Gobierno. No para intervenirla, sino para darle cauces de eficaz funcionamiento. Una Justicia sin recursos acaba siendo ineficaz. Un Poder Judicial sin medios pierde independencia frente a las presiones.

Los jueces han sido víctimas de ataques furibundos a su independencia desde el propio Gobierno. Cuando el Ejecutivo, con Pablo Iglesias en la vicepresidencia, quiso alterar las mayorías parlamentarias para designar a los jueces, acabaron pidiendo amparo a Europa. Ahora, la Comisión Europea acaba de desautorizar la rebaja del delito de malversación que aprobó La Moncloa para contentar a ERC. Por lo tanto, no estábamos homologándonos a Europa, como decía Pedro Sánchez, sino todo lo contrario.