Melchor Sáiz-Pardo-El Correo
- Dos de los mayores colectivos demandan a Leire Díez, mientras crece el enfado en el cuerpo por la insistencia de varios ministros en no desmarcarse de los bulos de la ‘bomba-lapa’
El incendio por los audios de la supuesta ‘fontanera’ de Ferraz intentando desacreditar a la UCO, lejos de amainar, crece. El enfado se ha avivado en los últimos días por la insistencia del Gobierno en no desmarcarse del bulo de que un excapitán de esta unidad, Juan Vicente Bonilla, fantaseó con poner en una bomba-lapa a Pedro Sánchez, una noticia’ fake’ que el fin de semana fue aireada por varios medios de comunicación. Los ministros María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López la amplificaron poco después en declaraciones públicas, pero ninguno de ellos se ha retractado.
El último episodio en la escalada del malestar en la Guardia Civil con el entorno del PSOE y del propio Gobierno ha sido la decisión de dos de los las principales organizaciones profesionales del cuerpo de unirse al PP, Vox y Manos Limpias y denunciar a Leire Díez, la militante socialista que intentaba conspirar para atacar al teniente coronel Antonio Balas, el mando al frente del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, la unidad que investiga las cuatro causas más delicadas en la actualidad para el PSOE (los casos Begoña Gómez, David Sánchez, Ábalos y fiscal general).
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado una denuncia contra Díez ante los juzgados de instrucción por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. En su denuncia pide que se tome declaración de forma urgente para evitar la eliminación de pruebas de Leire Díez, así como que se cite a Víctor de Aldama -el presunto conseguidor del ‘caso Koldo- y al teniente coronel Antonio Balas.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha presentado una denuncia contra la militante del PSOE exactamente por los mismos cargos. En ese demanda se acusa de los mismo cargos a las personas que estuvieron la reunión el pasado febrero en la que supuestamente se conspiró para sacar trapos sucios de la UCO: los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn y el abogado Jacobo Teijelo.