En su día, José María Aznar habló de la «lluvia fina» para explicar cómo creía que las medidas de su Gobierno iban a tener efecto en la sociedad española. De esa «lluvia fina» parece que con el Gobierno de coalición hemos pasado a la estrategia de riego por inundación.

Debe de ser agotador pensar cómo se las arregla uno todos los días para desbordar a los demás -partidos, medios, redes sociales- con decenas de supuestas medidas que, aunque duren lo que dura su anuncio, transmiten la imagen de un Ejecutivo en actividad frenética, rebosante de ideas, ágil de piernas y contundente en el golpe. A finales de agosto, el Gobierno anunciaba ¿50, 100, 200? medidas salidas de una poco brillante tormenta de ideas para ahorrar energía. Eran consejos archisabidos y prácticas higiénicas que la mayoría de la población ya sigue -mejor la ducha que el baño- o conductas de sentido común con las que sorprendía que el Gobierno creyera en serio que tenía que aleccionar a los ciudadanos. Sonaban como los inevitables consejos de verano: crema de protección solar, evitar las horas centrales del día, hidratarse…

En otro orden de seriedad, Félix Bolaños hace de las exhumaciones oportunidades para atacar de manera insana y malintencionada al PP en ese intento permanente de sacar rédito de la tragedia de la Guerra Civil que casa mal con tanta expresión de deseos de construir una «memoria inclusiva». Después de que la exhumación de Franco y el traslado de sus restos no reportara al Gobierno ninguno de los efectos electorales que esperaba y que esta se produjera rodeada de la indiferencia de la inmensa mayoría, anda el ministro escenificando, pala en mano, un papel entre indigno y ridículo con toda la trompetería a su disposición y retando al PP desde el borde de la fosa.

Por anuncios, que no quede. El Gobierno recuerda a cada ocasión las decenas de fondos, mecanismos, ayudas e instrumentos con que siembra el duro terreno de la crisis, pero solo contamos con una información fragmentaria y muchas veces contradictoria sobre su verdadero impacto, cuántos han sido sus beneficiarios o simplemente si se han llegado a habilitar esas cantidades que tan bien quedan en los titulares que empiezan por ‘El Gobierno destinará…’. La ministra de Igualdad, por ejemplo, afirmó que se habían comprometido nada menos que 20.000 millones de euros para las políticas de su ámbito. Esa cantidad no aparece por ningún lado y, seguramente, o no alcanza ese importe tan llamativo o se trata de una suma heterogénea de conceptos presupuestarios de aquí y de allá empaquetados bajo la denominación de políticas de igualdad.

Los fondos de recuperación que proporciona la Unión Europea son fuente inagotable para este riego por inundación. Aquí sí que la información no es que sea fragmentaria, es que parece pensada expresamente para que no se sepa cuál es su impacto real, dónde han llegado y por qué importe. Dos informes detallados de la CEOE con información real de las empresas ofrecen un retrato de la gestión de estos fondos verdaderamente desolador. No solo está en juego el dinero, sino la reputación de la Administración española para promover la inversión de esos fondos, vinculados a proyectos de alto valor añadido y con un impacto transformador mensurable. Un modelo equivocado de gestión está ahogando buena parte del potencial de aquellos, tanto por la centralización de su manejo -para asegurar su el control político- como por el muro burocrático que para muchas empresas supone acceder a ellos, hasta el punto de hacerlas desistir de optar a que se les concedan.

Y, así, iniciativas biensonantes pierden su eficacia, bien porque no han estado respaldadas por dinero contante detrás o bien porque un embudo burocrático termina resultando disuasorio o contradice de hecho los anuncios de generosidad con los que se intenta atraer la atención y las preferencias de los ciudadanos. Por el contrario, las que producen resultados son las medidas claras, con mecanismos administrativos sencillos y accesibles para sus beneficiarios, en los que las administraciones asuman buena parte de la carga de gestión que echan sobre las espaldas de los administrados, en especial pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta la ingente cantidad de datos que se encuentran en poder de las autoridades administrativas y tributarias.

De ahí que tengan sentido las reducciones de impuestos como medida eficaz y eficiente de apoyo en la crisis y en cualquiera de sus modalidades. Las haciendas públicas se han asociado a la inflación para recaudar más y lo están haciendo. ¿No sería mejor que, en vez de recaudar nuestro dinero, para luego anunciar que nos dan esta o aquella ayuda con el dinero que hemos pagado, dejaran ese dinero en el bolsillo de los contribuyentes o en las cuentas de las empresas evitando siempre que se pueda el largo y tortuoso camino de la subvención?