EL MUNDO 12/07/14
· El Govern recurrirá la LOMCE por vulnerar e invadir las competencias autonómicas
A la espera de analizar a fondo el contenido del real decreto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobado ayer en Consejo de Ministros, las alarmas ya habían saltado en Cataluña. La consellera de Educación, Irene Rigau, y el portavoz y también conseller del Govern, Francesc Homs, dejaron claro, desde un primer momento, que Cataluña recurrirá por inconstitucional la legislación que supondrá que el Ministerio de Hacienda retenga el coste de escolarizar en castellano en escuelas privadas.
La consellera Rigau manifestó, desde el Parlament, que la medida vulnera competencias de la Generalitat en educación, así como el sistema de financiación autonómica. «Más allá de modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por la puerta de atrás, contradice la Ley de Educación de Cataluña (LEC)», dijo; y añadió que se trata de una «multa lingüística» a Cataluña en un acto «muy autoritario» que «nos lleva a los peores años de la persecución de la lengua» catalana.
«Esto es absolutamente ilegal, y lo recurriremos con todas las de la ley», avisaba Homs, a primera hora de la mañana.
Rigau afirmó que está «convencida» de que el Gobierno del PP sabe que el futuro decreto es de «imposible» aplicación en Cataluña, pero lo impulsa igualmente. La voluntad del Ejecutivo español responde, según Rigau, a la «voluntad de establecer la doble línea en Cataluña. En este sentido, la consellera se refería a las declaraciones de la diputada María José García Cuevas, en la sesión parlamentaria en la Cámara catalana, que le reprochó a Rigau que Cataluña «niega a los padres el derecho a decidir la enseñanza bilingüe para sus hijos».
Desde la oposición, el PSC exigió ayer la comparecencia urgente del ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones de «qué criterios se utilizarán para examinar las peticiones de escolarización en castellano, y qué conceptos deberá financiar la Generalitat».