ABC – 14/10/15
· Descargaron parte de la responsabilidad de la consulta del 9-N en los voluntarios.
· Después de su entrada en los juzgados entre vítores de manifestantes y acompañadas de sus compañeros de gobierno, ante el magistrado del TSJC que instruye la querella, Joan Manel Abril, las declaraciones de ayer de Rigau y Ortega tuvieron muchos puntos en común.
De entrada, ambas se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía –representada por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y el teniente fiscal, Francisco Bañeras– y a las de la acusaciones populares, unificada en el sindicato Manos Limpias. El plante a los fiscales, señalaron, obedecía a su «cambio de criterio» a la hora de presentar la querella. En alusión a que los fiscales catalanes se opusieron en un principio a presentarla y luego fueron conminados a hacerlo por el entonces fiscal general del Estado. Eduardo Torres-Dulce.
Rigau y Ortega, que tienen previsto pedir en breve el archivo de la causa, hicieron equilibrios. Para defender ante el juez la legitimidad de la consulta del 9-N –«cumplía un mandato del Parlament», dijo Rigau–, negar que se incurriera en desobediencia cuando se desoyó la providencia del TC del 4 de noviembre del pasado año y la consulta mudó en «proceso participativo»… y para esquivar en lo posible su responsabilidad específica en la organización del plebiscito. Descargándola incluso en los 40.000 voluntarios que participaron en él.
Rigau argumentó que una vez el TC suspendió la primera consulta, el 29 de septiembre, la «Generalitat decidió parar máquinas», de forma que toda la organización de la misma, ya mudada en «proceso participativo», quedó esencialmente en manos de los voluntarios. «Cuando se me comunica la providencia del TC del 4 de noviembre la organización ya estaba acabada, los voluntarios informados, las tareas asignadas (…).No había nada que yo pudiera parar», llegó a decir Ortega. La misma que otrora dijo «asumir la responsabilidad de la organición» del 9-N.
A su vez, Rigau negó que su Consejería diese órdenes a los directores de los centros educativos donde se pusieron las urnas sobre cómo actuar el 9N, sino que se limitaron a comunicarles –en dos reuniones en octubre entre personal de la Consejería y los responsables de los centros– la existencia de una página web con una guía sobre qué hacer si quisiesen ser voluntarios.
En la línea de defensa que Mas ya apuntó en una entrevista tras su imputación, la consejera de Enseñanza afirmó que el TC no respondió cuando la Generalitat le pidió, el 7 de noviembre, que concretara qué actos concretos había suspendido en su resolución del 4 de noviembre del 2014, por lo que no se puede hablar de desobediencia a su resolución. «No tengo ninguna consciencia de haber desobedecido en ningún momento al TC», dijo abundando en este sentido Ortega, quien alegó ante el juez que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó que el 9-N reconvertido a proceso participativo no tenía «ningún efecto jurídico».
ABC – 14/10/15