EL CONFIDENCIAL 04/05/17
El Gobierno contará este jueves con 175 votos a favor de sus Presupuestos Generales del Estado de 2017 en el primer obstáculo parlamentario al que se enfrenta el proyecto ideado por Cristóbal Montoro. Los 32 diputados de Ciudadanos y los cinco del Partido Nacionalista Vasco (PNV) se unirán a los 137 del PP, permitiendo al Ejecutivo de Mariano Rajoy esquivar la zancadilla de las siete enmiendas a la totalidad propuestas por el resto de grupos de la Cámara. Albert Rivera comprometió el respaldo de los suyos con un acuerdo firmado el pasado marzo de en torno a 4.000 millones para incluir en las cuentas públicas del presente ejercicio ‘medidas estrella’ de su programa, pero ahora tendrá que ‘tragar’ con un acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas —que formarán parte del sí, en la misma fotografía que ellos—.
El pacto cerrado horas antes del inicio del debate de Presupuestos este miércoles entre PP y el grupo liderado por Aitor Esteban supone ‘grosso modo’ una rebaja considerable en el cupo vasco (aportación del Ejecutivo autonómico al Estado por las competencias no transferidas) y el compromiso de un importante paquete de inversiones en torno a la ‘Y vasca’ —es decir, que la alta velocidad llegue a las tres capitales de Euskadi—. Según el acuerdo, el Gobierno de Rajoy abonará al autonómico dirigido por Iñigo Urkullu 1.400 millones tras resolver las discrepancias en el cálculo del cupo desde 2007. Es decir, ese importe corresponderá a la liquidación de los últimos 10 años. Además, el acuerdo para los próximos cinco establece que el País Vasco aporte a las arcas comunes la cantidad de 956 millones. “Un muy buen acuerdo”, en palabras del Gobierno de Urkullu.
En Ciudadanos afirman que ese acuerdo supone, de momento, un “brindis al sol” en tanto las cantidades no aparecen plasmadas en el proyecto de Presupuestos y el pacto futuro deberá refrendarse en la ley quinquenal 2017-2021, que se votará en las Cortes Generales. La formación centrista mantiene intacta su postura y votará no a la ley en cuanto llegue al Congreso. “Sospecho que nos quedaremos solos en esto”, afirman miembros del grupo parlamentario naranja, donde, sin embargo, insisten en poner el acento en la firmeza de su partido.
En ese sentido, el partido de Rivera se ve obligado a mantener un ‘perfil bajo’ en la imagen conjunta de los Presupuestos en los que el cuadro de apoyos al PP está constituido por ellos y el PNV. Los centristas insisten en que no han negociado un pacto de forma conjunta y es el Gobierno el que ha ido buscando los apoyos necesarios para seguir adelante con la tramitación. “Nosotros tenemos nuestro acuerdo y estamos satisfechos. Gracias a Ciudadanos, este país tendrá Presupuestos”, aseguran desde las filas naranjas. Algunas piezas de ese acuerdo son la extensión de seis meses a un año de la tarifa plana para autónomos (a la que se destinarán 480 millones), el aumento de los permisos de paternidad vigentes desde el 1 de enero y que tendrán una partida específica en las cuentas, el complemento salarial para los sueldos más bajos de jóvenes (unos 500 millones de euros) o la lucha contra la pobreza infantil, que contará con 340 millones para un plan específico.
Ciudadanos es plenamente consciente de que el Gobierno necesita más apoyos para que los Presupuestos sigan su tramitación —además del PNV y el escaño que ostenta Ana Oramas (Coalición Canaria), el PP necesita contar en la votación final con Pedro Quevedo (Nueva Canarias) para lograr una mayoría suficiente—. Pero, con todo, uno de los grandes objetivos de la formación centrista pasaba por que los partidos nacionalistas dejaran de ser “la llave” en el Congreso de los Diputados, viéndose obligados todos los gobiernos —populares y socialistas— a hacer determinadas cesiones. Finalmente, los de centro apoyarán al PP para “garantizar estabilidad al país”, pero nuevamente tendrán que explicar a la opinión pública un acuerdo ‘compartido’ con los nacionalistas vascos.
El desacuerdo del partido de Rivera con el concierto económico y el cupo vasco no es ningún secreto. Ciudadanos ha defendido férreamente una “caja común de todos los españoles” y planteado en voz alta la necesidad de limitar (antes, incluso eliminar) los “privilegios fiscales” de algunas comunidades. Precisamente esa férrea postura es la que probablemente hizo a la formación ‘desangrarse’ en las pasadas elecciones autonómicas vascas del 25 de septiembre, cuando apenas logró el 2,03% de los sufragios, con 21.477 papeletas, menos incluso de las que tuvo UPYD en las elecciones vascas de 2012. Ya el 26-J, la formación de Rivera sufría una debacle electoral perdiendo 10.000 votos con respecto al 20 de diciembre, cuando logró su máximo: 50.268 votos que, de haberse repetido en septiembre, le hubieran abierto las puertas a tener representación en el Parlamento vasco por los tres territorios.