LIBERTAD DIGITAL 02/12/16
· Rajoy enviará en los próximos días a los presidentes autonómicos la carta de convocatoria de la Conferencia de Presidentes, que se reunirá en enero.
El Gobierno no cierra la puerta a reformar la Constitución, pero sigue mostrando las mismas reservas de siempre. Sin «consenso», afirmó Soraya Sáenz de Santamaría, no habrá margen de maniobra. Y en Moncloa siguen sin verlo nada claro, aunque Mariano Rajoy se comprometió ante Albert Rivera a dar pasos en ese sentido. «Si la búsqueda de la concordia guía nuestros trabajos, acertaremos», añadió la vicepresidenta.
Sea como fuere, el debate volvió abrirse en vísperas del aniversario de la Carta Magna y, como también viene siendo habitual, el Ejecutivo se mostró proclive siempre y cuando el nuevo documento cuente con el respaldo de la gran mayoría de la Cámara. Y, en palabras de Rajoy el pasado mes de octubre, salvaguardando en todo momento «la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles».
En este contexto, Santamaría compareció este jueves ante la comisión Constitucional del Congreso para dar cuenta de las prioridades del Gobierno en los asuntos que son de su competencia, y quiso dejar claro que andarán con pies de plomo en todo lo afecte al texto de 1978. Sin ser un producto «exclusivo» de nadie, argumentó, la Constitución aglutinó «el sentimiento» de todos. El PP, en voz de Francisco Martínez, se sumó su tesis: «No debemos promover una reforma para resolver un problema territorial, sino para generar un consenso sobre el Estado en el que queremos vivir», aseveró.
«Acertaremos -en caso de una reforma- si lo hacemos con prudencia, analizando muy bien nuestros consensos y disensos y trabajando desde el primer momento», concluyó Santamaría, que criticó a la formaciones que buscan la ruptura. En el caso de Cataluña, ella es la encargada de tender puentes y buscar puntos de encuentro con el Gobierno regional, pero partiendo de la base de que no se permitirá el referéndum ilegal. «Si quieren hablar de dinero, hablaremos. Tanto ellos como nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar», según fuentes del Gobierno.
«Lo que debe hacer -la Generalidad- es ajustarse a la legalidad, y que sus presupuestos contengan un referéndum de autodeterminación que nuestra Constitución no contempla y que tampoco abunda por el mundo de las constituciones, sencillamente hace de esos presupuestos algo que no se enmarca dentro del sistema», destacó Santamaría.
· Rivera: «O reformamos o morimos»
Durante la larga comisión, la vicepresidenta apeló una y otra vez al diálogo, pero no se pilló los dedos con respecto a la reforma de la Constitución. El mensaje se repite desde hace ya tiempo: el Gobierno está dispuesto a abrir ese melón pero no a cualquier precio. Y, en este sentido, Rivera no dudó en meter prisa -«Valentía», declaró-, toda vez forma parte del acuerdo de investidura: «Este país necesita modernizarse» y «o reformamos o morimos», advirtió a la vicepresidenta.
Mientras, Santamaría puso mayor interés en cambiar el modelo de financiación autonómica, por poner un ejemplo. También anunció que Rajoy enviará en los próximos días a los presidentes autonómicos la carta de convocatoria de la Conferencia de Presidentes, órgano que se reunirá en el mes de enero. Y reiteró que el Ejecutivo tiene intención de reducir los litigios con las regiones que acaban en el Tribunal Constitucional, lo cual es todo un guiño al PNV. Este diario ya informó de los pormenores de la negociación con los nacionalistas vascos.
Por último, según Santamaría, el Gobierno aprobará antes del 30 de abril de cada año un plan normativo con las leyes que elevará al Parlamento al ejercicio siguiente, una práctica que comenzará a aplicar a partir de 2017, según recoge la agencia EFE. A partir de ahí, la número dos de Rajoy avisó de que el Congreso «no es el adversario del Gobierno y no sería lógico ni legítimo que esa fuera su postura». «La democracia parlamentaria no significa el gobierno del Parlamento, y como decía Rubio Llorente, el Gobierno ostenta el poder ejecutivo y no es un mero ejecutor de las decisiones del Congreso», remató.