Editorial en ABC, 15/7/2011
Que las reglas de la responsabilidad de los políticos sean laxas en España no quiere decir que el «caso Faisán» no sea un escándalo sin paliativos.
ALGUNAS de las críticas lanzadas contra el auto de procesamiento dictado por el juez Ruz en el «caso Faisán» recuerdan a las que utilizó el PSOE para defenderse de las acusaciones por la guerra sucia contra ETA en los gobiernos de Felipe González. Se acusa al juez de oportunismo político, se escandalizan algunos de que altos responsables de la lucha contra ETA sean procesados, se clama por una conspiración contra el candidato socialista. Y así toda una cadena de argumentos que constituyen un viaje al pasado. Aunque sea imprescindible respetar la presunción de inocencia y la provisionalidad de la imputación judicial, conviene recordar, sobre todo al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien tachó el auto de «especulativo» y «disparatado», que hasta el Ministerio Fiscal acepta la comisión de un delito en el chivatazo a la red de extorsión de ETA instalada en el bar Faisán. La diferencia con el criterio del juez es que, para la Fiscalía, se trataría de un delito de revelación de secretos, mucho menos grave que el de colaboración con banda armada, por el que han sido procesados los mandos policiales del ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
También se repite, como a principios de los noventa, la historia de un final de mandato socialista marcado por la ilegalidad en la lucha contra ETA, aunque en el caso del bar Faisán se utilice cínicamente el argumento de que los chivatos protegían el «proceso de paz». Protegerlo ¿del juez Grande-Marlaska? ¿favoreciendo la destrucción de pruebas y la desaparición de dinero procedente de la extorsión? En cierto sentido, el «proceso de paz» fue protegido con mentiras y engaños, de principio a fin. Pero lo del bar Faisán ha superado todos los límites imaginables, porque ni en el más retorcido de los guiones cabría imaginar a un alto cargo de Interior y a dos mandos policiales alertando a terroristas de una operación judicial contra ellos. Por lógica política, la onda expansiva del procesamiento ha alcanzado de lleno al actual ministro del Interior y a su predecesor. Y por el hecho de que las reglas de la responsabilidad de los políticos sean laxas en España y no provoquen el cese y la renuncia de Camacho y Rubalcaba, respectivamente, no quiere decir que el «caso Faisán» no sea un escándalo sin paliativos, que abochorna por su indignidad y corrompe principios elementales del Estado de Derecho. Sólo quiere decir que hay cargos que no están a la altura de sus responsabilidades
Editorial en ABC, 15/7/2011