Ignacio Camacho-ABC 

• El debate no es sobre la eficacia del confinamiento sino sobre la devolución de los derechos requisados a sus dueños

Después de dos meses largos, la deliberación pertinente sobre el estado de alarma debería consistir en determinar para qué sirve y no cuánto tiempo hay que prolongarlo. Al pedir un mes más, Sánchez no sólo quería ahorrarse un mal trago parlamentario sino evitar que se discuta si el decreto de emergencia está ya amortizado. Y en parte lo ha conseguido con el concurso de Ciudadanos, cuya líder tiene legítimo derecho a buscar su propio espacio aunque todo el mundo sepa que el presidente la acabará desdeñando en cuanto los separatistas catalanes encuentren una excusa para volver a darle su respaldo. Pero la cuestión esencial, que es la de la utilidad y no la de la duración, sigue pendiente a falta

de un debate razonado que ya es imposible porque lo impide el ruido de las cacerolas y la chulería de un Gobierno acomodado en la prerrogativa -teóricamente provisional- de sus poderes autoritarios. Al final, el sanchismo ha encontrado la manera de encubrir su fracaso utilizando el cabreo de la derecha para cohesionar a sus partidarios. Ya tiene la situación donde la quería: en la trinchera, en el barro, en la batalla de hordas tuiteras, en el espectáculo mediático, en el cruce de consignas de saldo, en el simulacro de una lucha de clases de brocha gorda, en el enfrentamiento binario con el que diluir su responsabilidad bajo la humareda del fuego cruzado. Nada le gusta más a Moncloa que un escenario enfangado donde practicar el juego sucio y el ventajismo de los trucos bastardos. Hace falta mucha jeta, mucho desparpajo para sacar en medio de esta reyerta el tarot demoscópico de Tezanos, que cualquier día acabará echando las cartas en una tele de madrugada como un pitoniso barato.

Agitando esa espuma turbia, el Ejecutivo esconde el fondo del asunto y lo hurta a la mirada de la opinión pública. Su objetivo es evitar la pregunta sobre la necesidad de continuar invocando la legislación de emergencia y demorar la normalización de los mecanismos institucionales en el control de la epidemia. Si se tratase sólo de restringir la movilidad podría tener sentido una aplicación tasada, condicional, de la alerta, pero lo que buscan Sánchez e Iglesias es llegar al verano en un marco abusivo de excepción fraudulenta que ni siquiera han sabido usar con un mínimo de eficiencia. Al malversar una herramienta constitucional para gobernar sin contrapesos han convertido la solución en el problema. Su gestión opaca y arbitraria deja demasiados motivos para la sospecha de que están a gusto en este limbo de libertades suspensas.

Sucede que cada vez quedan menos argumentos serios para sostener un modelo de limitación de facultades civiles y políticas incompatible con un Estado democrático moderno. Ahora no es la incuestionable eficacia del confinamiento lo que se está discutiendo, sino la devolución de los derechos requisados a sus verdaderos y únicos dueños.