La salida de Ferrovial es una mala noticia que el Gobierno ha agravado con una campaña de intimidación fallida desembocada en una derrota política. Sánchez vio desde el principio la expatriación de la compañía como una oportunidad para desplegar a todo trapo su discurso populista, y lo que ha conseguido es acentuar más, con un acoso insólito, la reputación de España como un país de insuficiente seguridad jurídica y crediticia. Cosa distinta es que la operación mercantil se haya diseñado con evidentes deficiencias de gestión corporativa, patentes en la posibilidad de que aún pueda encallar si algunos relevantes accionistas –entre ellos el propio hermano de Rafael del Pino– consuman su intención de ejercer su derecho de separación en una cuantía susceptible de colocar el plan de migración en tesitura crítica. Pero a día de hoy, el intento de sabotear mediante coacciones una iniciativa societaria legítima se ha saldado con el fracaso monclovita.

Al Ejecutivo no le importaba en el fondo la deslocalización de la empresa. Sabe de sobra que la mayor parte de su actividad se concentra desde hace tiempo fuera y que la repercusión fiscal de la decisión será nula o muy pequeña. Y en todo caso, si le preocupaba el impacto del traslado podía haber entablado negociaciones para frenarlo. Sin embargo el presidente no ha atendido llamadas ni establecido líneas de contacto; le interesaba mantener una posición contundente de rechazo para halagar la pulsión anticapitalista de sus votantes más sectarios. La ha cultivado con amenazas, ataques y señalamientos ‘ad hominen’, advertencias legales y gestos sensacionalistas de patriotismo impostado. Sólo al final, tras mes y medio de palos, abrió la vía de la cotización dual –la zanahoria– admitiendo que era compleja y sin efectos inmediatos. Tarde para tan precario reclamo. Daba igual porque de lo que se trataba era del postureo electoralista, del relato de un progresismo enfrentado al capricho plutocrático.

En ese empeño dirigido a la opinión pública interna, Sánchez ha ignorado adrede que la libre circulación de capitales y mercancías, antes incluso que la de personas, es desde los años cincuenta el principio esencial, el fundamento mismo de la actual Unión Europea. Un ‘olvido’ difícil de justificar a ochenta días del turno de presidencia. La obstrucción gubernamental es un ejemplo de nacionalismo económico demasiado parecido al de la extrema izquierda griega o portuguesa y la ultraderecha húngara, italiana o francesa: una mancha en la solapa donde luce el pin de la Agenda 2030. Esa contradicción entre el agresivo peronismo doméstico y la apariencia exterior de una socialdemocracia moderna sería una bicoca para una oposición despierta y con soltura para moverse en los círculos de Bruselas. He ahí una asignatura pendiente –la de la influencia exterior– que la alternativa de poder no tiene resuelta.