La en apariencia mayor crisis desatada en las relaciones entre Pedro Sánchez y los partidos que votaron a favor de su investidura -el ‘caso Pegasus’- es en realidad un embrollo sin otra salida que la marcha atrás. Las informaciones publicadas por ‘The New Yorker’ a partir de revelaciones entre otros del grupo Citizen Lab y de Elies Campo señalarían la utilización sin límites del programa israelí, infectando dispositivos de activistas y dirigentes independentistas en Cataluña y Euskadi durante varios años. Estos se sentían o se sabían espiados, según algunos de ellos han manifestado en privado y en ocasiones en público. El reportaje de Ronan Farrow ha acabado indignándoles, como ha preocupado a tantos ciudadanos sobre el alcance de tales prácticas y su posible persistencia fuera del control democrático o de una justificación razonable. Pero la pugna sin concesiones en el seno del independentismo catalán es lo que ha conducido el escándalo hacia una situación imposible.

La exigencia de esclarecimiento en los términos en que se han pronunciado los portavoces de ERC, Junts y la CUP -y también de EH Bildu y PNV- no tiene viabilidad legal alguna. La constitución de la Comisión parlamentaria de Gastos Reservados y las sesiones que celebre sobre el caso no van a satisfacer ni de lejos los requerimientos del independentismo, ni siquiera servir de altavoz de sus quejas al desarrollarse a puerta cerrada y bajo secreto. En el caso de que haya habido interceptaciones de comunicación autorizadas por el magistrado responsable del Tribunal Supremo, sus resoluciones tampoco podrían conocerse en detalle. Y es más que dudoso que los letrados del Congreso pudieran avalar jurídicamente la creación de una Comisión de Investigación al respecto. Qué decir de la dimisión o cese de la titular de Defensa, Margarita Robles, cuya reacción a la ofensiva en contraste con la actitud defensiva del ministro Bolaños resultó tan excesiva en el pleno parlamentario del miércoles como imposible de censurar para el presidente Sánchez. No es casual que los abogados de quienes han decidido querellarse en el ‘caso Pegasus’ hayan resuelto denunciar a todos los posibles centros de información españoles para evitar entramparse solo con el CNI, y extender así sospechas y posibles imputaciones a bulto.

La tarea encomendada a los servicios de inteligencia se basa en la ocultación de lo que hacen, de lo que logran y de lo que no consiguen. También en las democracias. Solo la renuncia a tales mecanismos mediante drásticas restricciones legales podría colmar las exigencias que el independentismo no se ha mostrado dispuesto a aplicar en su «república propia». La crisis desatada por el ‘caso Pegasus’ ensombrece el devenir de la legislatura y complica las cosas al Gobierno de socialistas y morados. Lo que puede despertar alguna mueca de satisfacción en ese lado del independentismo que confía su futuro en que España colapse. Pero el posible final del mandato de Sánchez no beneficiaría ni a una de las siglas que se disputan la autenticidad independentista. De entrada, la decisión del Gobierno de la Generalitat de limitar las relaciones con el Ejecutivo central a lo imprescindible pospone la reclamada Mesa de Diálogo sin que nadie se conmueva.