Es cierto que el país ha superado una «durísima» prueba, como subrayó Pedro Sánchez, gracias al comportamiento ejemplar de la población ante otra crisis y a la eficacia de los equipos técnicos en restablecer el suministro después de una caída tan brusca del pulso eléctrico. Pero resulta poco alentador la falta de una respuesta común en un fenómeno que sembró el caos, y más con el recuerdo tan próximo de la catástrofe en Valencia. Las discrepancias sobre las causas del histórico apagón ofrecidas ayer por el Gobierno, Red Eléctrica, la Audiencia Nacional y la propia Comisión Europea solo sirven para agravar la confusión, a la espera de los motivos oficiales de un desastre que ha dejado al menos cinco muertos, mientras se investiga el fallecimiento de una mujer que necesitaba oxígeno en una residencia de Basauri. Si, como todo apunta, el ciberataque pierde fuelle, urge ponerse las pilas para prevenir y mejorar una gestión de la energía mucho más compleja de lo que cabía imaginar. Y mucho más frágil ante un eventual desequilibrio, en plena ola de energías renovables frente a la progresiva desconexión de las centrales nucleares a la red.

El escollo en la búsqueda de soluciones es que el apagón acabe en bronca. El presidente elevó ayer la tensión al exigir responsabilidades a los operadores privados, incluida Redeia, propietaria de Red Eléctrica y participada en un 20% por el Estado. La respuesta de Iberdrola, dispuesta a «defender sus derechos», amenaza con un nuevo encontronazo después del impuesto a las energéticas y la desconexión nuclear. Sánchez vino a insistir en desenchufar las centrales como está previsto frente al criterio del PP. Si todas las partes están comprometidas como dicen con la transición energética, no parece lo más apropiado para el consenso que salten las primeras chispas.