Son debidamente oportunas las explicaciones del titular del departamento, Alberto Martínez, que ha encargado una investigación y dado la cara en sucesivas comparecencias desde que estalló el caso. La transparencia y celeridad en confirmar las causas del problema son esenciales para atajar la crisis y acabar con la confusión. Por eso resulta aún más incomprensible que el consejero admitiera que se enteró de los hechos el pasado 15 de enero, pero sin embargo evitó darlos a conocer en público hasta que Bildu los denunció este martes por la tarde. Si puede considerarse de gravedad este aparente intento de silenciar un escándalo, con la idea equivocada de frenar una alarma mayor, quizá lo sea más la falta de reacción de Osakidetza a las voces de alerta dadas por sanitarios semanas antes. Pese a ello, siguió adelante una vacunación bajo sospecha, hoy investigada por la Fiscalía por un presunto delito contra la salud pública.

La fiabilibilidad del sistema se ha visto afectada por una «grieta» que desata una lógica preocupación en las familias de los niños vacunados con preparados ya prescritos, aunque aparentemente inocuos. De hecho, algunas dosis conservan su efecto, a pesar de haber rebasado la fecha límite, según el Servicio Vasco de Salud y de la Agencia Española del Medicamento. En cualquier caso, es imprescindible atajar con urgencia la incertidumbre. Ha fallado la cadena de control en 12 de las 13 organizaciones sanitarias vascas -desde las farmacias de hospitales y ambulatorios hasta la enfermería que administra las vacunas-. Incluso, el registro informático de los lotes. En una organización con 30.000 profesionales pueden darse errores puntuales. Pero un fallo en el corazón de Osakidetza es una emergencia que exige soluciones certeras y, llegado el caso, depurar responsabilidades.