‘Salvapatrias’

El password es ‘salvapatrias’. De momento: las consignas en la política moderna son fruta de estación. Efímeras. De momento, vayámonos haciendo el oído a su hiriente machaconería. Ni más ni menos imbécil que lo de aquello de la «narrativa», que hubimos de soportar en inanes lenguas que no sospechaban siquiera estar diciendo «mitología».

Desde Moncloa, los cochambrosos destructores de la lengua, que trabajan al servicio del yerno de Sabiniano, han dado con el nuevo mantra con que machacar nuestros sufridos tímpanos. «Salvapatrias», erigido en insulto a la medida de esos jueces que tienen la osadía de tratar al patrón y a su señora como iguales penales de cualquier otro verosímil delincuente. Las palabras construyen el mundo. A la medida de sus no muy ilustrados gestores, cuando se trata de palabras políticas; o con premeditación de que puedan parecerlo.

‘Salvapatrias’ es palabro que no acepta el Diccionario. Acabará por hacerlo, porque toda necedad está siempre camino de ser consagrada. Sobre todo, si excede en el mal gusto. Es una de esas «palabras maletín» –con permiso o sin él de Lewis Carroll– que conglomeran, pies por cabeza, las intenciones –mayormente, pésimas– de quien trata de hacerlas pasar por conceptos. «Patria», de denostada resonancia entre la gente autoproclamada «progresista» en este país que se avergüenza de sí mismo. Adherido a «salvación», horrible residuo teológico en una sociedad que perdió el sentido estético de la gran teología.

Así que «jueces salvapatrias»: consigna impuesta por saturación. Acuñada por un gobierno en el que ejercen un par de jueces. A los cuales se les supone lo básico del oficio judicial: que un juez no es más que el funcionario que defiende autónomamente la aplicación de la ley igual para todos. Esto es, la división de poderes. Esto es, la pequeña astucia definitoria de las democracias: que a todos –sin excepción a todos– los ciudadanos les sea aplicada la misma ley y con igual rigor. Nadie piense que eso existió siempre. Tal «rareza» comienza un 17 de junio de 1789. Ese día, en Versalles, los tres Estados –hasta entonces sometidos a tribunales, leyes y penas distintas– votan disolverse en Asamblea Nacional. Y, con todos sus vaivenes, Europa se abre a sus algo más de dos siglos de democracia.

Claro que a los acuñadores de consignas, que cobran jugoso salario en La Moncloa, todo eso se les da un ardite. Ellos son publicitarios con patrón de lujo. ¿La democracia? ¿Y cómo se vende eso en los supermercados? Aquí de lo que se trata es de meter el mayor número de votos posibles en una urna: suntuoso ejemplo del jefe en Ferraz hace unos años. Lástima que lo pillaran con las manos en las papeletas. Seremos más cuidadosos. No volverá a pasar.

No, no «salvan patrias» los jueces. No es su función. Salvan –preservan, por decirlo en un léxico menos resonante– la patria –en menos resonante, la nación–, frente a lo arbitrario de un poder al que, sin ellos, nada ni nadie impediría delinquir. Y, si la esposa del presidente, o el presidente mismo, o alguno de esos ministros suyos que fueron jueces un día, se considera abusado por cualquier magistrado en ejercicio, también él tiene a su disposición la ley que prevé llevar a ese juez ante los tribunales por un delito de gravedad muy pesada: prevaricación. Si, como el gobierno apunta a través de sus diversos ministros con voz única, la juez Tardón es una más de la banda de «salvapatrias» que viola la ley para beneficiar a supuestos enemigos del Estado, su derecho –y, aún más, su obligación– es querellarse contra esa magistrada y exigir su expulsión de la carrera. De no hacerlo, sólo les queda someterse al procedimiento al cual todo ciudadano está por igual sometido.

Democracia es división de poderes. Una dictadura puede, sin problema mayor, convocar elecciones con regularidad. Siempre que se reserve la potestad de delinquir impunemente. Y –consúltese a la señora Kirchner– de eliminar como ejemplo a un juez de vez en cuando. Sin garantías judiciales, las elecciones son sólo un acto escénico, un engranaje más de la servidumbre. Sin garantías judiciales, Zapatero sería –en feo neologismo no incorporado por el Diccionario– un «crematómano». Lo cual no tiene coste. Con división de poderes, bien puede ser que vaya ya camino de presidiario.

Sólo la autonomía judicial nos preserva de un poder ejecutivo que, en las sociedades modernas, es un devorador sin apenas límite. Y se sabe tendencialmente impune. El juez no crea la ley que aplica. Bien o mal, lo hace el parlamento. Y cada magistrado en ejercicio es sólo su ejecutante: con márgenes de interpretación restringidísimos y sometidos a rigurosa supervisión de instancia. ¿Se da cuenta el gobierno de que, al condenar que una juez no haya accedido a avenirse a informarlo de sus investigaciones judiciales en Ceuta, está llamando a suprimir la división de poderes? Porque un juez que rinde cuentas a un gobierno no es ya un juez. ¿Se dan cuenta Sánchez y sus ministros de que están proclamando la conveniencia de arrumbar la democracia? A lo mejor sí.

El password, de momento, es ‘salvapatrias’. Cuando el eslogan canse, ya darán los publicitarios con otro.