Qué tiempos serán los que vivimos que es necesario defender lo obvio», se lamentaba ya Bertolt Brecht en su época convulsa. Ayer, el ministro Félix Bolaños tuvo que hacer una declaración solemne de lo obvio, de lo que se supone que debería estar funcionando con total normalidad en un país democrático como el nuestro: asegurar que el Gobierno va a defender a los togados. Si el titular de Presidencia y Justicia se vio obligado a garantizar la protección de las normas básicas de nuestra convivencia fue porque los jueces se han sentido no sólo abandonados por el Gobierno de Pedro Sánchez sino señalados y atacados por sus socios en sede parlamentaria y perseguidos ante la intención de someterles a juicios sumarísimos a través de las comisiones parlamentarias del ‘lawfare’, impuestas por Junts y ERC.

Tuvo que emplearse a fondo el ministro Bolaños ante la 61ª promoción de nuevos fiscales. Fue necesario que recordara que su defensa de los jueces la había «repetido en numerosas ocasiones en los últimos días» porque el Gobierno al que representa hizo mutis por el foro cuando la portavoz de Junts desplegó una lista de nombres de jueces a los que, según ella, había que juzgar y cesar por haber actuado en contra de Cataluña. Una enmienda a la totalidad a los magistrados del ‘procés’, cuyos nombres y apellidos quedaron a la intemperie en sede parlamentaria ante la pasividad de la presidenta del Congreso, la indolencia de los pocos ministros presentes y la inacción de portavoces como Patxi López. Todo sea por preservar el apoyo de los siete votos de Junts en esta legislatura.

Si en los tiempos de gloria de Podemos en La Moncloa la ministra Irene Montero arremetió contra los jueces que aplicaban su chapucera norma de la ley del ‘sólo sí es sí’ reduciéndolos a «fascistas con toga», ahora estamos atravesando un momento mucho más delicado. Con la posible supervisión de la actuación de los jueces, desde el Parlamento porque así lo han impuesto los socios secesionistas de Pedro Sánchez, se pretende intimidar al Poder Judicial desde el poder legislativo. En realidad, los jueces no pueden comparecer en el Congreso para explicar causas que han instruido o juzgado. Están amparados por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Es tal la necesidad del presidente de contentar a Puigdemont que cuela la alusión al ‘lawfare’ con una frivolidad ilimitada para acusar al partido de Feijóo de judicializar la política por negarse a desbloquear la renovación del Poder Judicial. Quizá los que aplauden a Pedro Sánchez no lo sepan pero el CGPJ no tramita ni un solo procedimiento judicial. No interviene en la jurisdicción. No dicta resoluciones. No emite sentencias. Así es que utilizar el ‘lawfare’ como recurso de lenguaje hiperbólico no ayuda en absoluto al entendimiento que dice promover. La defensa que ayer escenificó el ministro Bolaños no bastará para calmar el ánimo herido de los togados. ¿En qué consiste esta defensa del gobierno de los jueces después de haber acordado la creación de las comisiones que pretenden fiscalizarlos?