El fin de la era de los «megaproyectos» en San Sebastián, como anunció su alcalde, Juan Karlos Izagirre, de Bildu, en el último pleno municipal, celebrado a finales de julio, que toda la oposición considera «una involución» para la capital guipuzcoana, abre un compás de espera en la ciudad hasta que la nueva corporación concrete su apuesta para el futuro. La incógnita se despejará cuando el equipo de Bildu presente las líneas maestras del presupuesto para 2012. Por ahora, frenar el desarrollo de los principales planes de infraestructuras y urbanísticos en marcha supone dilapidar al menos 35 millones de euros. Tal es la cantidad que el consistorio ya se ha gastado en estudios informativos, compra de parcelas de terreno y otros trámites.
Cuando Izagirre anunció su propósito de «invertir en personas» en lugar de hacerlo «en hormigón», dio sepultura a proyectos ya encarrilados como el metro a su paso por el centro de la ciudad, la estación de autobuses de Atotxa, el polígono de viviendas de Auditz Akular, la pasarela de Mompás o el traslado de la cárcel a Zubieta para construir pisos protegidos en Martutene. El regidor tampoco es partidario de reformar el estadio de Anoeta ni de la llegada del AVE y duda de la viabilidad de Tabakalera. «Supone la parálisis absoluta de San Sebastián», afirma Ernesto Gasco, portavoz socialista en el consistorio, para quien Bildu «apuesta por el no desarrollo e impide el progreso equilibrado con la finalidad de contentar solo a las bases de la izquierda abertzale a costa de fastidiar a todos los donostiarras». San Sebastián compromete así su relanzamiento en medio de la polémica y el debate de los últimos años sobre la incapacidad de Gipuzkoa para avanzar y crecer sacando adelante sus principales proyectos estratégicos.
Izagirre alega razones económicas -«la situación es muy delicada»- para frenar los planes en marcha. El Ayuntamiento tiene presupuestados para este ejercicio ingresos por 390,7 millones, de los que en principio se habían consignado 95,3 millones para inversiones, con prioridad para la terminal de autobuses, Tabakalera y las actuaciones en vivienda protegida. El alcalde aparca la nueva estación, en la que ya se han gastado casi tres millones en estudios, porque duda de la legalidad con que se adjudicó su construcción a cambio de ceder la explotación a las concesionarias por 50 años. Lo que más ha molestado a la oposición es que el equipo de gobierno no tenga una solución distinta a Atotxa que sirva para sustituir a la actual parada de Amara. Y si la transformación de Tabakalera en centro cultural de referencia -las obras están presupuestadas en 70 millones- se demora más de lo previsto, el consistorio podría perder los ocho millones que tiene comprometidos el Ministerio de Cultura.
La negativa a soterrar en el centro de la ciudad la línea de metro que discurriría entre Lugaritz y Anoeta -están previstas cinco estaciones en el centro- supondría perder los cinco millones que han costado los estudios y la redacción de los proyectos constructivos. El metro resulta «vital» para mejorar la movilidad, recalca Gasco, viceconsejero de Transportes. Su financiación, que ronda los 280 millones, se realizaría con una fórmula similar a la empleada en Bilbao, esto es, con cargo al Ejecutivo autonómico y a la Diputación guipuzcoana, en manos del Bildu, que no se ha pronunciado aún al respecto. La pasante del metro, hace constar Gasco, solo recibió cuatro alegaciones -tres de particulares y una de UPyD- y las obras podrían comenzar a finales de 2012 si la institución foral no pone obstáculos.
El Ayuntamiento también ha desembolsado ya 13 millones para comprar terrenos en el ensanche del barrio de Altza, donde se proyecta un área residencial con 3.059 pisos, el 78% protegidos, para combatir la carestía de la vivienda. Esta intervención se planificó a finales de los noventa y su desarrollo ha requerido un importante esfuerzo económico que fuentes municipales no se atreven a cuantificar.
Otro tanto ocurre en Txomin (Martutene), donde se levantarán por fases un millar de pisos tras reubicar la cárcel en los altos de Zubieta, donde se construye la incineradora y está previsto un extenso parque industrial. El Ayuntamiento ha invertido en Txomin nueve millones en expropiar parcelas, de los que un tercio podrían perderse si Bildu no ejecuta la operación residencial en su totalidad.