La derogación del delito de sedición por parte de la coalición de gobierno que lidera Pedro Sánchez describiría una secuencia de intenciones que no es seguro surtan el efecto pretendido. La cuestión catalana estaba ya suficientemente desinflamada, por lo que el presidente podía haber pospuesto la reforma del Código Penal en ese punto y otros. Tampoco Bruselas había fijado reserva alguna contra el anacronismo de ese tipo delictivo, o ante la sentencia del Supremo español sobre los responsables del ‘procés’. Sánchez tenía todo a su favor para eludir aventurarse en este último empeño. Pero está en su naturaleza empeñarse al todo o nada. Aprovecharse de la ausencia temporal de Alberto Núñez Feijóo, de que Isabel Díaz Ayuso acaparara la escena popular, y de que el Centre d’Estudis d’Opinió catalán diera ventaja a ERC por detrás del PSC para dar la puntilla.

Sánchez ha vuelto a descolocar a sus adversarios de fuera y de dentro del partido, a sus socios y a Núñez Feijóo. Su decisión es un desafío en toda regla al liderazgo del presidente del PP, en tanto que ciega las posibilidades del consenso y contribuye a alimentar el populismo de Díaz Ayuso como agujero negro de todo lo conservador. Su decisión juega con las posibilidades de que ERC recupere la posición que ocupaba en tiempos de Lluís Companys, situando el pragmatismo por delante del fundamentalismo del que -paradójicamente- los principales beneficiarios del cambio normativo hicieron gala entre el 26 y el 27 de octubre de 2017: Marta Rovira y Oriol Junqueras.

Claro que en esta partida de billar todo está en el aire. El socialismo de Sánchez puede obtener ventaja frente a socios y adversarios que se muestran más bien aturdidos por este enésimo cambio de guion. Pero se trata de una jugada cuyas carambolas pueden torcerse y mucho respecto a las intenciones iniciales. Bastaría con que renaciera la dualidad electoral catalana dando ventaja a los socialistas en las generales y primando a ERC en las autonómicas de no se sabe cuándo. Bastaría con que meses antes de las generales el PSOE de Sánchez y sus aliados perdieran pie en las locales y territoriales de mayo de 2023. La promesa de Alberto Núñez Feijóo de derogar la derogación del delito de sedición si llega a la presidencia del Gobierno sería lo de menos. Si lo consigue, no será por sus méritos, sino por el desgaste que Sánchez experimente entre sus propios.