Sánchez busca cómo salvar los muebles con el capitoné en la puerta

Como en abril de 2024 con su amago de retirada, usando incluso al Rey de España para simular que se encaminaba al Palacio de la Zarzuela a presentar su dimisión con el corazón roto por la imputación de su mujer por el «Begoñagate», Sánchez ha vuelto a sumergir a España en la intriga de aquellos cinco días con otro fin de semana en el que su dilema se traduce en cómo salvar mejor los muebles con el camión capitoné de la mudanza a las puertas de La Moncloa. Para repetir su maniobra de entonces que saldó con su contraofensiva contra la Justicia, la Policía y la Prensa con un comando de guerra sucia capitaneado por Santos Cerdán con Leire Díez como fontanera-jefe, ha echado mano esta vez de su amor herido por Maricarmen (Abascal) tras fracasar los dos decretos-ley podemitas que presentó deprisa y corriendo tras el desalojo de esta anciana madrileña que se subrogó irregularmente la morada que habitaba por menos de 200 euros cerca del Parque del Retiro mediante una normativa franquista de renta antigua derogada por Felipe González.

Para este menester, se ha valido de un error voluntariamente forzado al presentar sendos decretos podemitas que, como le explicitó en 2019 a Julia Otero en Onda Cero para negarse a ellos, suponían entonces y ahora una mala praxis intervencionista que coloca en el disparadero a los propietarios y que sabía que iban a ser tumbados. Con el prófugo Puigdemont de vuelta tras la materialización de la amnistía que posibilitó su investidura, Sánchez no podía esperar que Junts votara su autodisolución como partido de las clases medias catalanas que destinan sus ahorros a este valor refugio como en el resto de España. Menos cuando la irrupción de la Aliança de la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, amenaza con sustituirle entre el conservadurismo separatista.

Frío y calculador como pocos y dotado del instinto criminal de los sin escrúpulos, Sánchez ha buscado endilgar la culpa de sus ocho años de fracaso en vivienda tras prometer en 2018 finiquitar un problema que ha multiplicado. De paso, se regodea achacando falta de corazón a los votantes del «no» a sus decretos nacidos al socaire de la manipulación del desalojo de Maricarmen Abascal.

Tras salir escopeteado del Congreso dejando el enigmático mensaje de que «la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan», muchos adivinan que este lunes anunciará el anticipo electoral que ha venido negando al haber hallado la ventana de emergencia que Zapatero concibió con la acampada de la Puerta del Sol del 15-M de 2011. Tal aventar esa posibilidad el PSOE fue barrido por el PP en las autonómicas y municipales de aquel mismo mayo dándole remate Rajoy con su mayoría absoluta de noviembre, amén de surgirle el forúnculo como Podemos que estuvo en un tris de infringir un sorpasso de no aparecer el casoplón de Pablo Iglesias transparentando la verdadera ralea de la nueva casta. Otro tanto acaecería seguramente tres lustros después con encuestas aún más sombrías que entonces tras sus estropicios en la gestión, su corrupción sistémica y su servilismo a Mohamed VI tras rendirle Ceuta luego de entregarle el antiguo Sáhara español, mientras el coste de la vida se desorbita.

Es verdad que la propaganda puede obrar hechos tan portentosos cuando se transforman las protestas contra el Gobierno en reprobaciones a la oposición haciendo realidad la humorada del periodista Daniel Gascón con aquella viñeta suya en X en la que dos paisanos concluyen: «¡Qué país va a dejarnos la oposición!». O que Tezanos desde el Centro de Instrumentalización Socialista

(CIS) Planteó una encuesta exprés del antaño prestigioso servicio demoscópico del Estado, no sobre el responsable del barquinazo de la vivienda o antes sobre la invasión de Ceuta, sino si «es más importante proteger al vulnerable o cumplir la ley» en un planteamiento de urnas sin ley en la que la supuesta «legitimidad de la calle» se elevaría por encima de la legitimidad de las instituciones del Estado de Derecho.

Empero, frente al relato, el dato. Del deterioro de la vivienda habla la ministra cacao Isabel Rodríguez, quien pudo comprarse su primera casa a los 23 años, esto es, en 2004 al final de los ocho años de mandato de Aznar, y que ahora oficia un departamento que, al cabo de un ochenio, ha aumentado el precio del alquiler un 23% y el de venta el 30%, elevando la cifra de desalojos a unos 250.000. De ahí que demonice como «pyme buitre» a la pequeña empresa dueña de la casa de Maricarmen Abascal que sólo tiene ese bien patrimonial cuando la ministra posee tres. A este respecto, secunda la estela demagógica de un presidente rentista como Sánchez que, tras pactar en julio de 2021 una nueva Ley de Vivienda con Pablo Iglesias, cogió el primer avión a Nueva York para garantizar a los grandes fondos que hoy tilda de «buitres» a venir a España, prometiéndoles que la norma no les afectaría.

Por eso, el momento Maricarmen no dé para convocar unas elecciones que, como las de julio de 2023, le permitan a Sánchez, pero sí asegurarse ser líder del PSOE para encabezar la oposición frente a un Gobierno de PP y Vox que estima corto al avizorar que será incapaz de desactivar las bombas sembradas por su gobierno sin desavenirse prontamente con una calle movilizada aprovechando la ola del 13-S. De hecho, las manifestaciones de este fin de semana, así como la que le seguirán como antesala de esa hipotética huelga general alentada por el Gobierno y secundada por sus sindicatos, tendrían un carácter preventivo contra la llegada de PP y Vox al Gobierno.

Con las llaves del partido en el bolsillo, trataría de agregarse con aires de vendetta a cualquier algarada como gran mercader de la desgracia que ha propiciado y avivar la polarización con saña guerracivilista. A ello se añade que, avanzando urnas, los tribunales no adoptarían resoluciones que impactaran en el proceso hibernando el alud de sumarios que cercan al PSOE y al Gobierno rondando una imputación al partido por financiación ilegal.

Hace diez días, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ya se olió la tostada asegurando, en declaraciones a Trece TV, que, en caso de derrota, Sánchez debería dimitir porque, de aferrarse en Ferraz, sería la mejor noticia para Feijóo. De esta guisa, el barón socialista trataba de taponar esa salida en la nueva partida de ajedrez que el inquilino de La Moncloa reemprendería tras su habitual patada al tablero cada vez que está al borde del jaque mate. En suma, convocando para perder las elecciones del 29 de noviembre, como hizo el viernes con los dos decretos-ley de vivienda, Sánchez retendría las llaves de Ferraz en un movimiento defensivo que le permitiría salvar sus muebles, aunque tuviera que hacer una mudanza.

Por el contrario, en caso de seguir en fuga, perseguiría materializar entre escándalos y alborotos la alteración del censo electoral desencallando la ley de nietos, paralizada en lo que atañe al derecho a voto de los nuevos oriundos, merced a la enmienda intrusa metida de estraperlo en una norma educativa para soñar con el escenario de un julio de 2023 hoy imposible con PP y Vox por encima de los 200 escaños y el PSOE en caída libre.

Aun así, en esta quiniela de triple signo en la resolución de una legislatura que franqueó Puigdemont a cambio de ser amnistiado y que la ha podido cerrar el propio prófugo coincidiendo con su regreso a España, hay que tener en cuenta el factor Begoña Gómez y desde dónde considere esta que le viene mejor afrontar su juicio con jurado popular. No es cosa que piense que jamás debió hacer presidente a su marido, tras sufragarle la carrera universitaria y política las saunas de su padre, como le espeta Claire Underwood en «House of Cards» al presidente Frank al sugerirle a su cónyuge estar arrepentido de haberla hecho embajadora.

Claro que esto solo pasa en la ficción y en una España más pendiente de los escándalos de su presidente que de los problemas de la nación y en lo que lo único seguro es que Sánchez no tendrá el patriotismo de Adolfo Suárez, cuando, en enero de 1981, sin suspenses de ningún tipo, llegó al convencimiento de que, en aquellas circunstancias, su marcha era más beneficiosa para España que su permanencia en la Presidencia. Entendía que un político que pretendiera servir al Estado debía saber «en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación».