La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, y en particular su disposición adicional octava (conocida popularmente como «ley de nietos»), no es sólo, como ha pretendido venderse, una norma de «reparación histórica».
Es, sobre todo, un mecanismo de ingeniería demográfica que está modificando el censo electoral español de forma estructural y duradera, y que podría llegar a modificar de forma sensible el resultado de las elecciones españolas a medio y largo plazo.
Y esto no es una sospecha, ni una presuposición, ni un prejuicio. Los datos lo confirman.
Hasta la fecha de cierre del plazo para nuevas solicitudes (el 22 de octubre de 2025), se habían registrado cerca de 2,45 millones de peticiones de nacionalidad por esta vía. Se han iniciado más de 1,2 millones de expedientes, se han aprobado entre 500.000 y 545.000, y se han practicado ya más de 300.000 inscripciones en los Registros Civiles Consulares.
Estas últimas son las que realmente importan. Porque sólo quienes completan este trámite entran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y adquieren derecho de voto pleno en elecciones generales, autonómicas y europeas.
El censo CERA ha crecido un 18% desde 2019 (de 2,142 millones a 2,526 millones a principios de 2025), y parte de ese incremento se debe directamente a estas nacionalizaciones.
En comunidades como Andalucía, el censo de andaluces en el exterior para las elecciones de mayo de 2026 alcanzó las 302.000 personas. La participación CERA en esa comunidad pasó del 2,9% en 2022 al 7,1% en 2026. Los votos emitidos se multiplicaron por tres.
Los resultados de las cuatro últimas elecciones autonómicas, Extremadura (diciembre 2025), Aragón (febrero 2026), Castilla y León (marzo 2026) y Andalucía (mayo 2026), son elocuentes. En todos esos comicios, el Partido Popular ganó con claridad el voto presencial en urna.
Y en todos ellos, el PSOE lideró o ganó el voto CERA, con mejoras de entre siete y doce puntos porcentuales respecto a su resultado en España. Es decir: el PSOE ganó con claridad las elecciones en todo el mundo… salvo en España, donde las perdió con la misma claridad.
En Andalucía, por ejemplo, el PSOE obtuvo el 31,3% del voto exterior frente al 22,7% en urna. El PP, en cambio, cayó del 41,6% al 29,5%.
Este patrón no es casualidad. Responde a la composición de los nuevos nacionalizados, mayoritariamente en Iberoamérica, y a un sesgo de voto observable y repetido.
El problema no es la reparación histórica en abstracto. Es que esta norma permite a personas sin vínculo real ni residencia efectiva en España elegir libremente su municipio de empadronamiento electoral (incluso uno donde jamás han vivido) y votar en circunscripciones donde su papeleta puede decidir escaños.
Es, además, una nacionalidad de origen, inmediata y sin los requisitos de residencia o integración que se exigen en otros procedimientos.
El Gobierno ha mantenido una significativa opacidad sobre las cifras exactas de inscripciones y su distribución provincial, lo que alimenta las dudas legítimas sobre la transparencia del proceso.
De cara al futuro, la proyección es clara y preocupante. El ritmo actual de resoluciones (alrededor de 33.000-35.000 inscripciones por trimestre) y el volumen de expedientes aún en tramitación apuntan a que, de aquí a 2030, se incorporarán al CERA varios centenares de miles de nuevos electores.
En un escenario moderado, pero realista, el censo de españoles en el extranjero podría superar los tres millones. En la franja alta de las proyecciones, estaríamos hablando de cinco millones o más de nuevos electores.
Con tasas de participación ya observadas de entre el 7% y el 10%, eso significa cientos de miles de votos adicionales por convocatoria electoral, concentrados en un colectivo con un comportamiento electoral claramente diferenciado del voto residente.
En unas elecciones generales ajustadas, estos votos podrían inclinar el resultado en provincias donde la diferencia entre bloques se mide en unos pocos miles, o incluso cientos, de papeletas. Ya ocurrió en las generales de 2023 en Madrid. Mañana puede ocurrir en más sitios.
No se trata de una conspiración, sino de la consecuencia previsible de una política que ha convertido el censo electoral en una variable dependiente de decisiones administrativas unilaterales.
La democracia española se asienta en el principio de que la soberanía emana del pueblo español, no de una ampliación artificial y selectiva de ese pueblo.
Cuando se altera masivamente el censo mediante nacionalizaciones aceleradas y se observa un sesgo sistemático en el voto de los nuevos electores, la pregunta sobre la integridad del proceso electoral deja de ser retórica. Los datos de 2025 y 2026 ya lo demuestran. Los de 2027 y 2030 lo confirmarán.
Ignorar esta alteración a la carta del censo electoral no es prudencia ni moderación. Es ceguera voluntaria.