«Lo raro sería que un Gobierno no estuviera pensando constantemente en medidas que mejoren la vida de la gente. Es importante que sepamos cómo es nuestra situación. Hay medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso. Hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal», esgrimió la nueva portavoz gubernamental, Elma Saiz, en la Ser.

Fuentes ministeriales aseguran que en Moncloa ya cuentan desde hace tiempo con un listado de iniciativas que pueden ver la luz al margen del Parlamento y que el presidente irá administrando a la vuelta del descanso navideño en un intento de recuperar la iniciativa perdida. «En este país -apunta un ministro- se confunde legislar con gobernar; puede que nuestra capacidad de legislar esté más limitada pero podemos seguir gobernando y lo vamos a hacer».

Entre los asuntos que no requieren aval del Congreso hay uno muy evidente y recurrente en esta legislatura, la subida del Salario Mínimo Interprofesional que, en siete años ha pasado 735 euros a 1.184 euros mensuales (un incremento del 61%) y en enero volverá a subir Pero, según las citadas fuentes, hay muchas más porque Sánchez pidió hace ya varios meses a sus ministros que hicieran propuestas «vendibles» e identificables con su proyecto pero que no requieran ser sometidas a votación.

Otro ejemplo de reformas al margen de las Cortes sería el impulsado también por el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz para endurecer la normativa del registro de jornada laboral, vía decreto con rango de reglamento, tras el rechazo parlamentario a la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales. Pero también hay iniciativas que se corresponden a ministerios socialistas como el de Vivienda o Transportes y que son susceptibles de ser utilizadas por el jefe del Ejecutivo como gancho para citas electorales como la de Aragón, el próximo 8 de febrero.

A ellas hay que sumar asuntos que sí irán al Congreso como la presentación de los primeros Presupuestos Generales del Estado de este mandato, a lo largo del primer trimestre de 2026, según aseguró la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la semana pasada. Aunque no tienen prácticamente ninguna opción de salir adelante -a tenor de las advertencias, sobre todo, de Podemos y Junts-, su naturaleza expansiva pretende servir como carta de presentación y reclamo para un electorado progresista alicaído.

Saiz defendió en todo caso que no pasa nada por no tener unas Cuentas actualizadas, pese a reconocer que presentar un proyecto a las Cortes es una «obligación constitucional». «Presupuestos pueden ser muchos, pero hay presupuestos que llevan recortes y hay presupuestos prorrogados que profundizan en la cohesión social. No es lo mismo cualquier tipo de presupuestos. Tener unos presupuestos prorrogados tan positivos nos permite esa cohesión social», adujo.

También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se afanó en combatir la imagen de legislatura en colapso que este mismo lunes describió el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en su balance de fin de año. «Nosotros vamos a seguir trabajando, como hicimos en el último pleno en el mes de diciembre , para seguir legislando a través del Real Decreto de Leyes, iniciativas legislativas para subir las pensiones, para mejorar los salarios, para tener un ingreso mínimo vital y para tener una mayor justicia social».

Tras la oficialización de ruptura de relaciones de Junts, el Gobierno ha hecho un esfuerzo por aprobar o acelerar la tramitación de iniciativas con una apoyo muy transversal y marcado acento social y, por ejemplo, este diciembre logró sacar adelante la ley de atención a la clientela, la reforma de la dependencia o la subida salarial a los funcionarios, apoyadas incluso por el PP. Pero no pudo evitar el rechazo, por partida doble, a la senda de estabilidad que acompaña al techo de gasto de los Presupuestos.

Torres alegó que la acción del Gobierno ha situado a la economía España en una posición «puntera en Europa y en el mundo», gracias en buena medida a los fondos europeos y cargó contra el balance de Feijóo, que entre otras cosas, acusó a Sánchez de «incapacidad» en la gestión de esos recursos ingentes. «Todo -censuró el ministro- es destrucción, todo es negación, todo es ataque al Gobierno de España y nada de compromisos propios de dación de cuenta de su actuación». Además, echó en cara al líder del PP su discurso sobre inmigración y seguridad ciudadana. «Solo le falta la barba para parecerse más a Abascal», ironizó.