José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
La oposición, cuando no se le ofrece alternativa, tiene el derecho a resistirse, y a no hacerlo cuando se trate de salvaguardar derechos que no implican desajustes ni abdicaciones ideológicos o estratégicos
¿Debe la oposición concertar con el Gobierno las cuestiones de Estado? Sin duda. Y debe hacerlo mediante una negociación leal en la que aquella y este obtengan algún rédito legítimo. En eso consiste la política. Pero esta legislatura nació de un fracaso y se inició con un error. El fracaso de las elecciones del 10-N, en las que el PSOE perdió sobre las del 28-A del pasado año 600.000 votos y tres escaños (y más aún Unidas Podemos), y el error inmediato (y perpetrado de manera fulminante) de diluir el fiasco en un acuerdo urgente entre Pedro Sánchez y su otrora enemigo Pablo Iglesias.
Con la suma de socialistas y morados no daban los números para la investidura, por lo que resultaba evidente que el único camino posible era concertar la aritmética del futuro Gobierno con la ayuda de los independentistas de ERC y los ‘abertzales’ radicales, a los que se sumaron otros escaños (PNV entre ellos) calcando la anterior ‘mayoría de la censura’. Pedro Sánchez quemó así sus naves con una agravante: prometió durante toda la campaña electoral que no lo haría. Lo hizo.
Como escribió Jorge Wagensberg (‘Solo se puede tener fe en la duda’. Editorial Tusquets), “quizá no se puede vivir en una democracia sin contradicciones, pero se puede intentar vivir con las mínimas”. Pedro Sánchez pretende, sin embargo, no ahorrarse ninguna y aspira a que el Partido Popular suscriba un contrato de adhesión a su política porque necesita sus votos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y sustituir a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, lo que exige el concurso de los de Casado (precisa 210 escaños). Y si le apoya en los Presupuestos, mejor que mejor.
Deseo lógico, pero poco practicable si, antes, designa fiscal general del Estado a su exministra de Justicia y diputada socialista; si acuerda con un partido abiertamente separatista una mesa intergubernamental de igual a igual y sin restricción temática negociadora; si firma otro acuerdo con el PNV y, en fin, basa su Ejecutivo en un programa de coalición con Unidas Podemos. Es legítimo preguntarse si Sánchez, en estas condiciones, puede aspirar a que la oposición renuncie a su única capacidad parlamentaria (completar las mayorías cualificadas para según qué reformas y/o renovaciones), o resultaría más realista suponer que ha sido él mismo el que ha optado ya por unas políticas, unas alianzas y unos planteamientos que son, en conjunto, por completo incompatibles con los conservadores y provocan el bloqueo que él atribuye a sus adversarios.
Valga como ejemplo la unilateralidad con que plantea la reforma ‘ad personan’ del Código Penal para que, en palabras de Jaume Asens, “los presos recuperen la libertad” (‘El Periódico’, edición de este lunes), añadiendo, para que la razón última de la modificación quede clara —más allá de los eufemismos de Carmen Calvo—, que él es partidario de que el cambio punitivo de la sedición se precipite y adquiera preferencia legislativa absoluta sobre otros aspectos de la renovación e inclusión de tipos en la ley penal.
“Los errores resultan más insoportables cuando se tornan en irreparables”, escribió el recientemente fallecido George Steiner (‘Errata’. Editorial Siruela), y el que ha cometido Sánchez es un yerro sin solución porque su apuesta con Unidas Podemos, pero sobre todo con ERC y EH Bildu, está tan en las antípodas de la que implicaría un mínimo entendimiento con el Partido Popular que hasta la propia entrevista mantenida este lunes en la Moncloa con Casado constituyó otro error añadido y perpetrado por el mismo presidente del Gobierno, porque certificó una ruptura insalvable y para toda la legislatura —sea corta o larga— con la derecha, que tiene algunas chances con su actual poder territorial municipal, autonómico y parlamentario en el Congreso y en el Senado.
Cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez haya llamado al líder del PP para exhibir la imposibilidad de cualquier acuerdo y que ese bloqueo les caiga a los conservadores como una losa. Aunque debemos ser cautos con los juicios de intenciones, si fuera esa la estratagema, el beneficio de retorno resultaría escuálido. Porque si algo quedó claro este lunes, es que Pedro Sánchez quiere la parte y el todo; sorber y soplar; repicar y estar en la procesión. La oposición, cuando no se le ofrece ninguna alternativa, tiene el derecho muy democrático a resistirse y a no hacerlo cuando se trate de salvaguardar derechos (aumento de las pensiones, incremento del sueldo de los empleados públicos, mejora del SMI) que no implican desajustes o abdicaciones ideológicos ni estratégicos a condición de que se explique asequiblemente ante la opinión pública.
El presidente del Gobierno ha cometido un error insoportable (sobre todo para él) que ha consistido en poner todos los huevos en la misma cesta —como ocurrió en el periodo previo a las elecciones del 28-A—, de modo que no le queda otra que, sí o sí, entenderse con el independentismo catalán y con el nacionalismo vasco. Y eso —el presidente lo sabe— no es nada fácil.