Marruecos ha ganado todos los pulsos a España excepto, en 2002, el del islote de Perejil, del que se adueñó durante una semana transgrediendo un acuerdo no escrito. El que acaba de vencer ahora es, sin embargo, el más largo y de mayor calado de todos los que ha librado a su vecino del norte. 

Tras 15 meses de crisis, en los que ha presionado con todos los medios pacíficos a su alcance, el Gobierno español ha puesto fin a 47 años de neutralidad en el conflicto del Sáhara Occidental que fue colonia de España hasta 1975. Ahora respalda la solución propugnada por Marruecos desde 2007 para resolver el contencioso: otorgar una autonomía limitada al territorio, descartando cualquier referéndum de autodeterminación en el que los saharauis pudieran pronunciarse sobre futuro. 

Así queda reflejado en una carta que el presidente Pedro Sánchez envió al rey Mohamed VI y que este hizo pública, el jueves 18, mediante un comunicado real. «España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el contencioso» del Sáhara, señala Sánchez en su escrito.

Justo después de que el monarca alauí hiciese público el texto de la misiva de Sánchez, el Gobierno español publicó un comunicado en el que se expresa en términos muy diferentes. En él no se menciona la propuesta marroquí de autonomía. Sí recalca que se garantizará «la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial (…) de nuestros dos países». Por «integridad territorial» alude a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, pero quizás también al Sáhara que Marruecos considera suyo. El texto español es ambiguo, pero el marroquí no deja lugar a dudas. No reconoce la soberanía española sobre las dos ciudades autónomas.

La diplomacia española apoyó desde hace años bajo cuerda a Marruecos en el Sáhara, pero hasta ahora no lo había hecho explícitamente como Francia desde hace años y Alemania, con muchos matices y bastante discreción, desde hace un par de meses. Ningún otro país europeo respalda en este asunto a Marruecos. 

En los cables desvelados por Wikileaks ya aparece en 2008 el embajador español en Rabat, Luis Planas, ofreciéndose para mejorar jurídicamente la propuesta de autonomía. Exteriores envió además a Luxemburgo a los abogados del Estado a defender, junto con los letrados contratados por Rabat, la legalidad los acuerdos de pesca y asociación entre Marruecos y Bruselas que incluían al Sáhara. El Tribunal General de Justicia de la UE los anuló en septiembre. Ni siquiera el más promarroquí de los jefes de Gobierno españoles, José Luis Rodríguez Zapatero, se atrevió a tomar una iniciativa como la de Sánchez, aunque si le brindó una buena acogida.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llevaba desde su toma de posesión, en julio pasado, preparando este vuelco público de la posición de España. El Gobierno ha decidido hacerlo ahora por dos razones, según fuentes diplomáticas no oficiales. Primero la atención de la opinión pública está puesta en Ucrania. «La guerra de Vladímir Putin es especialmente un buen momento para cerrar la crisis», reconoció Albares en Barcelona el jueves. «No se pueden tener tantos frentes abiertos», comentó una fuente de su entorno. 

La segunda razón es que la dependencia energética de Argelia se ha reducido un poco estos últimos meses. EEUU es ahora el primer proveedor de gas de España justo por delante de Argelia. Albares no informó, sin embargo, a su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, del precio que España pagaba por reconciliarse con Marruecos. 

Las autoridades de Argelia se enteraron por la prensa de la cesión española ante Marruecos, según fuentes diplomáticas. Hace tan solo dos semanas, Sánchez llamó, sin embargo, por teléfono al presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, para pedirle que siguiera garantizando el suministro de gas a España. 

Cuando Tebboune decidió, a finales de agosto de 2021, no renovar el contrato del gasoducto Magreb-Europa, que enlazaba a los dos países atravesando Marruecos, el ministro argelino de Energía, Mohamed Arkab, se puso en contacto con el embajador de España, Fernando Morán, para informarle del cierre y tranquilizarle sobre sus consecuencias. La medida fue tomada por Argel para castigar a Rabat.

La diplomacia argelina quizás reaccione el domingo, cuando se acaba el fin de semana en Argelia, pero él que sí lo hizo el mismo jueves fue el Frente Polisario que libra una guerra contra Marruecos desde noviembre de 2020. Su representante en España, Abdulá al Arabi, acusó a Sánchez de haber cedido el «chantaje» y tachó de «hipócrita» su discurso. «Se defiende la legalidad internacional y el derecho internacional en Europa (Ucrania) y se niega en el Sáhara», denunció. 

La iniciativa del dúo Sánchez-Albares obtuvo el inmediato respaldo del Departamento de Estado norteamericano. A preguntas de la agencia Europa Press uno de sus portavoces recordó que Washington coincidía con España en que el plan de autonomía marroquí es «serio, creíble y realista». Rehusó, no obstante, valorar el cambio político anunciado en la carta remitida a Mohamed VI. 

Para Naciones Unidas el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización y para el que fue jefe de su asesoría jurídica, Hans Corell, España sigue siendo la potencia administradora, según sostuvo en su último informe hecho público en 2002. España no puede ni quiere ejercer ese papel porque Marruecos controla el territorio cuya extensión es similar a la del Reino Unido. 

La gran concesión hecha a Marruecos fue llevada por Albares con mucha discreción. Una buena parte de los miembros del Gobierno ignoraban este cambio radical en la política exterior y, por supuesto, tampoco lo sabían los partidos de la oposición ni aquellos que son los socios tradicionales del Ejecutivo en el Congreso. Albares anunció el jueves una comparecencia para explicar la iniciativa que ha sido criticada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y otras ministras de Podemos. Ni siquiera Díaz fue informada de antemano por Sánchez.

Aunque sabía que España no podía llegar tan lejos como EE UU —el presidente Donald Trump reconoció hace 15 meses la soberanía marroquí sobre el Sáhara— un cambio de postura del Gobierno de Sánchez revestía gran importancia a ojos de Rabat. España, en tanto que antigua potencia colonial, es escuchada sobre este tema en los foros internacionales y su ejemplo puede arrastrar a otros países europeos e incluso latinoamericanos. 

Por eso Marruecos presionó con fuerza para doblegar a España. El episodio más conocido fue la «invasión» migratoria de Ceuta en mayo pasado —10.000 inmigrantes entraron en la ciudad en 48 horas— pero hay otros muchos. La cancelación de la Operación Paso del Estrecho para perjudicar a los cinco puertos andaluces por donde transitan los inmigrantes marroquíes que regresan a su país de vacaciones y la llegada masiva de «sin papeles» a Canarias procedentes del Sáhara o del sur de Marruecos. En los dos primeros meses de este año la inmigración irregular en el archipiélago aumentó un 135%, alcanzado un nuevo récord.

Sánchez hizo algunas concesiones, pero que resultaron insuficientes para Rabat. Sacó en julio de su Gobierno a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que había abogado en abril de 2021 por hospitalizar en España a Brahim Ghali, el líder del Polisario, enfermo de covid. Elogió a Marruecos hasta la saciedad y e incluso promovió la intervención del rey Felipe VI, en enero, para allanar el camino de la reconciliación.

De nada sirvió esa mano tendida. A día de hoy, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, no se ha reincorporado a su puesto. El tráfico de pasajeros a través del estrecho sigue interrumpido y las fronteras de Ceuta y Melilla están cerradas desde hace más de dos años porque así lo decidió Rabat alegando motivos sanitarios que no afectan, en cambio, al tráfico aéreo. Hace tan solo un mes el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, rehuyó a Sánchez en la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana celebrada en Bruselas. 

Fuentes presidenciales aseguran que, a partir de ahora, se pondrá en marcha una «hoja de ruta» que permitirá instaurar una normalidad en la relación entre España y Marruecos. Con tal propósito, Albares viajará en breve a Rabat —antes de que empiece el Ramadán a principios de abril—, para reunirse con Bourita, y después lo hará el presidente del Gobierno.

 «No hay contrapartidas claras por parte de Marruecos a esta inflexión de la política exterior de España con relación al Magreb», comenta un diplomático español que estuvo largos años acreditado en dos capitales magrebíes. «Solo un compromiso de normalizar la relación ya veremos por cuanto tiempo», añade. «Mal precedente dar la impresión de ceder tras todas las tropelías que han hecho empezando por Ceuta». «Ahora se conforman con el apoyo solemne a su plan de autonomía, pero el día de mañana ya pedirán que España siga los pasos de Trump», que reconoció la soberanía de Marruecos sobre esa excolonia. Esta opinión de un funcionario de Exteriores estaba ayer bastante generalizada entre diplomáticos españoles con experiencia en el norte de África.