¿Se le escapó a la ministra de Hacienda la referencia a la sedición durante el debate de presupuestos o fue una mención deliberada? Por torpe que sea Montero, tengo para mí que dijo lo que le mandaron que dijera. Concretamente, lo que ERC exigió que verbalizara desde la tribuna del Congreso como garantía de que el Gobierno no se echaría atrás una vez acordada la rebaja de penas por dicho delito como parte del pago correspondiente a su respaldo a las cuentas públicas. Una manifestación inequívoca de la cesión del presidente a su chantaje, susceptible de ser presentada en Cataluña como evidencia irrefutable del poder ejercido en Madrid; del alto precio cobrado al rehén que tienen instalado en la Moncloa. Es la única explicación posible a unas palabras que han supuesto la voladura del pacto alcanzado con el PP para la renovación del CGPJ.

Que Sánchez miente constantemente y a todos es un hecho sobradamente constatado. El líder socialista no tiene palabra, motivo por el cual resulta sumamente peligroso alcanzar cualquier acuerdo con él. Si le conviene quebrarlo, lo hará sin vacilar, salvo que al hacerlo ponga en peligro lo único que le importa; a saber, su permanencia en la poltrona. Pese a ello, Núñez Feijóo aceptó emprender una negociación destinada desbloquear la situación del órgano rector de los jueces, asumiendo el alto coste político inherente a esa decisión mal comprendida por muchos de sus votantes y compañeros de partido, reacios a confiar en un embustero profesional. El fin justificaba el riesgo, siempre que fuese posible llegar a un entendimiento aceptable.

Cuando ese empeño estaba conseguido a juicio de los negociadores, justo en ese momento crucial, Montero entregó a Rufián la prenda requerida, en una exhibición impúdica de las vergüenzas de un Ejecutivo dispuesto a rendir la Ley ante los golpistas catalanes. ¿Cómo iba a pasar por alto el PP semejante provocación? Si ya resultaba difícil hacer tragar a los renuentes la píldora de un reparto de cromos contrario a su compromiso de despolitizar la justicia, esa dosis añadida de humillación acabó de liquidar cualquier posibilidad de diálogo. De haber querido salvarlo, Sánchez lo habría tenido muy fácil. Le habría bastado con desautorizar a su ministra, negar en su conversación con Feijóo que la reforma Código Penal formara parte de sus prioridades y posponerla unas semanas. Una engaño más o menos no habría alterado en nada la reputación de mentiroso ganada con tanto esfuerzo. ¿Por qué renunció a esa baza tantas veces utilizada sin el menor escrúpulo? Seguramente porque sus socios le advirtieron de las consecuencias que tendría esa negación. Porque le estaban poniendo a prueba. Porque obligado a escoger entre entenderse con el primer partido de la oposición o ceder a la coacción de un grupo independentista, eligió la indignidad, dejando en manos de Feijóo la defensa del Estado de derecho.