El mismo día en que Pedro Sánchez llamaba a sus votantes a elegir entre «democracia o fango», su ministro de Transportes se ha metido en un nuevo charco, desencadenando una crisis diplomática con Argentina.
¿Dónde quedan las exhortaciones de esta semana del presidente del Gobierno a rebajar el encanallamiento de la vida política y a desterrar el insulto y las descalificaciones personales, mientras Óscar Puente sugiere que Javier Milei parece consumir drogas?
Puente atesora una nutrida hemeroteca de polémicas casi diarias. Haría mejor en dedicar sus esfuerzos a los asuntos de su Ministerio en lugar de malograrlos en riñas fútiles. El ministro ya ha dado muestra de un talante conciliador en varias ocasiones, como cuando pactó con Carlos Mazón la ampliación del puerto de Valencia. O, más recientemente, cuando ofreció al PP en el Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL acordar la reforma del sistema de pago de las autovías.
En su lugar, se ha aplicado a ejercer de ariete gubernamental contra la oposición, la prensa crítica y la ciudadanía disidente. Un cometido que no sólo se aleja de las exigencias de ejemplaridad de la función pública, sino que resulta contradictorio con el victimismo al que se ha entregado el PSOE desde el amago de decisión de Sánchez.
Desgraciadamente, algunos miembros del Gobierno han sido parte activa del «barrizal» que anega la política española, sobre el cual el presidente invitó a los ciudadanos a reflexionar. A nuestro país sólo le faltaba que la desmesura retórica de los líderes socialistas enfangase también la política internacional.
¿Se reduce todo esto a una torpeza fruto de la incontinencia de Puente, que no calibró bien que asociar a Milei a la «ingesta de sustancias» podría provocar una casi inmediata respuesta de la Presidencia argentina, que ha calificado sus palabras de «calumnias e injurias» en un durísimo comunicado en el que asocia a Sánchez con las sospechas de corrupción?
Cuesta creerlo, en la medida en que nadie en el Gobierno ha desautorizado a Puente, más allá de la réplica del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Oficina del Presidente para rechazar unas palabras que «no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos». Tampoco Puente se ha retractado, sino que ha aprovechado la petición de dimisión lanzada por Feijóo este sábado para alimentar el discurso que vincula al centroderecha con la derecha radical populista.
Además, no sería el primer desaire intencionado por parte del Gobierno de España hacia el nuevo presidente argentino, a quien es conocido que Sánchez no profesa ninguna estima. El jefe del Ejecutivo rechazó acompañar al Rey a la toma de posesión de Milei, y ni siquiera le felicitó por su victoria en las elecciones.
Teniendo en cuenta la imagen de líder socialdemócrata global que Sánchez viene intentando labrarse, y su vocación de resucitar la batalla ideológica entre bloques, podría pensarse que al presidente le interesa hacer campaña también en el ámbito exterior contra la «internacional ultraderechista», término utilizado en su carta a la militancia del jueves. Y pocos marcos más favorables para ello que una colisión con el antitético modelo liberal-libertario, conservador y anarcocapitalista que representa Milei.
Lo que no admite duda es que existe un hiato entre las palabras y los actos de los líderes socialistas. ¿O acaso es expresión de la vocación «transversal», asumida por el presidente en la entrevista en la SER, la controversia desatada por su ministro de Cultura a cuenta de un móvil tan ocioso y divisivo como el Premio Nacional de Tauromaquia?
¿Por qué Sánchez no ha hecho extensivo su rechazo de los «bulos» y la «desinformación» a la falsedad que ha vertido a continuación en el mismo mitin, acusando a las leyes de concordia de PP y Vox de «vulnerar los derechos humanos», cuando la ONU aclaró que la carta de los tres relatores sólo contenía «opiniones y recomendaciones» sin carácter vinculante?
Una comunicación que, además, censuraba que se incluya el reconocimiento a «las víctimas del terrorismo islamista y etarra» como víctimas de la violencia política. Una argumentación similar a la esgrimida por José Luis Rodríguez Zapatero en la primera parte de su entrevista con EL ESPAÑOL publicada hoy.
Se equivoca el expresidente (y el actual presidente) al circunscribir el homenaje de la Ley de Memoria Democrática a los represaliados por el franquismo sin identificar en «las fosas», excluyendo a las más de 300 víctimas de ETA cuyos asesinatos no han sido esclarecidos.
La memoria histórica no debería ser selectiva ni afectar sólo a un periodo concreto y parcial. Y lo mismo cabe decir del programa de «regeneración democrática» de Sánchez.