La entrada en prisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y hasta hace apenas diecinueve días mano derecha de Pedro Sánchez, marca un punto de inflexión inescapable para el presidente del Gobierno.
El líder de lo que el magistrado del Tribunal Supremo ha calificado como una «organización criminal» dedicada al cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas cruzó ayer lunes las puertas de la cárcel de Soto del Real tras su comparecencia ante el juez.
Este hecho sin precedentes en la historia de la democracia debería marcar, también, el final político de quien convirtió a Cerdán en su hombre de máxima confianza.
Porque Cerdán no era uno más en el entorno del presidente.
Fue él quien llevó a Sánchez a la secretaría general del PSOE por dos veces, el líder de las negociaciones con el PNV durante la moción de censura de Mariano Rajoy y quien negoció con Carles Puigdemont el apoyo de Junts para impedir que el legítimo ganador de las elecciones de 2023, Alberto Núñez Feijóo, llegara a la Moncloa.
El papel de Cerdán en la arquitectura del poder sanchista era, en resumen, fundamental. Que el arquitecto de todos esos acuerdos sea ahora un preso por delitos de organización criminal proyecta una sombra de ilegitimidad sobre todo el edificio político construido por Sánchez.
Cascada de escándalos
El encarcelamiento de Cerdán no es además un episodio aislado, sino la culminación de una cascada de escándalos que ha salpicado sistemáticamente el entorno más próximo a Pedro Sánchez.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y anterior número tres del PSOE, permanece imputado por el mismo caso Koldo que ha llevado a Cerdán a prisión. Las investigaciones apuntan a que ambos dirigentes, junto con Koldo García, formaron una trama dedicada durante años al amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.
Begoña Gómez, esposa del presidente, acumula cuatro imputaciones: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral y apropiación indebida. Las investigaciones sugieren que utilizó su posición privilegiada para beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés en la obtención de contratos públicos superiores a los diez millones de euros.
El hermano del presidente, David Sánchez, se enfrenta al banquillo de los acusados por tráfico de influencias y prevaricación tras ser contratado irregularmente en la Diputación de Badajoz. La magistrada considera probado que el puesto fue creado específicamente para él, con conocimiento previo de los responsables, en lo que constituye un claro caso de enchufismo.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, además, propinó este lunes un duro varapalo al PSOE al rechazar el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños. El tribunal calificó de «fraude de ley» la maniobra para conseguir protección jurídica y ha devuelto la causa al juzgado de instrucción.
Finalmente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por Sánchez, se encuentra al borde del banquillo por revelación de secretos. El juez del Supremo ha dictado auto de procedimiento abreviado, convencido de que existen indicios suficientes para juzgar al fiscal general, quien según la investigación habría actuado «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno».
Voces contra la deriva
Este tsunami judicial ha colocado en una posición bochornosa a quienes forman el núcleo duro del sanchismo. Ministros como Margarita Robles se han visto obligados a realizar auténticas piruetas dialécticas para justificar lo injustificable. Félix Bolaños, Patxi López, María Jesús Montero o el presidente del CIS José Félix Tezanos, por no hablar de RTVE o del Tribunal Constitucional, han protagonizado episodios que quedarán en la memoria colectiva de los españoles.
Y no precisamente para bien.
El propio Sánchez ha reaccionado con un chocante cinismo cuando, preguntado en la cumbre de Sevilla por la entrada en prisión de Cerdán, ha respondido «en el PSOE hemos actuado con contundencia, ahora es la hora de la Justicia».
Frente a esta deriva, han surgido voces dentro del propio PSOE que reclaman un cambio de rumbo. Una treintena de destacados excargos socialistas, incluyendo tres antiguos ministros como José Barrionuevo, Javier Sáenz de Cosculluela y César Antonio Molina, pidieron hace una semana por carta la «inmediata renuncia» de Sánchez como secretario general del partido.
Los firmantes denuncian el «grave deterioro institucional» y la «corrupción vinculada a personas de máxima confianza» del presidente.
Otros dirigentes socialistas, con Felipe González y Emiliano García-Page a la cabeza, han expresado su preocupación por el daño reputacional que está causando la corrupción a la marca PSOE. La respuesta a esas voces críticas ha sido su satanización por parte del sanchismo.
Realidades paralelas
La reacción del Gobierno y del PSOE ante el encarcelamiento de Cerdán ha sido tan desesperada como predecible. Después de meses defendiendo su inocencia y poniendo «la mano en el fuego» por él, el Gobierno finge ahora no conocer a quien fue número dos del partido.
Esta nueva realidad paralela se superpone a la anterior realidad paralela, cuando muchos dirigentes socialistas avalaban públicamente la honradez de quien ahora duerme entre rejas.
Al negarse a dimitir, Pedro Sánchez está llevando al país a una situación de bloqueo político inédita y extraordinariamente peligrosa.
Dirige un Gobierno sin mayoría parlamentaria sólida, atrincherado en el poder y con un único objetivo: impedir la alternancia democrática. Los españoles se ven privados de su derecho fundamental a pronunciarse en las urnas sobre si quieren seguir siendo gobernados por quien ha demostrado una incapacidad manifiesta para detectar y atajar la corrupción en su propio entorno.
La entrada en prisión de Santos Cerdán no es sólo el final de una carrera política, sino el símbolo del agotamiento moral de un proyecto que nació viciado y que hoy ya no tiene legitimidad para gobernar España.
Pedro Sánchez debe dimitir, se celebre o no ese congreso extraordinario que una parte de su núcleo duro le pidió ayer. Los españoles merecen la oportunidad de decidir su futuro en libertad, sin la hipoteca de un Gobierno que ha perdido toda credibilidad y que se mantiene en el poder únicamente mediante el bloqueo de las instituciones democráticas.