Nunca en la democracia un familiar directo del presidente del Gobierno se había sentado en el banquillo de los acusados por graves delitos cometidos, de demostrarse ciertos, con la evidente ayuda de su mentor de rango institucional. Y tampoco se conocen casos similares en ninguna democracia occidental, donde la obligación de ejemplaridad es suficiente para evitar comportamientos que, incluso sin ser delictivos, destruyen la primera obligación de un dirigente político decente: dar ejemplo a la ciudadanía y no aprovecharse de su posición para favorecer a sus seres más cercanos.

Pues bien, Sánchez ha roto con estrépito esa norma no escrita y ya tiene a dos parientes cercanos en el banquillo o a punto de sentarse en él: su esposa, Begoña Gómez, investigada por cinco delitos, y su hermano, que tendrá que enfrentarse a juicio oral por malversación como ha ido revelando El Debate a lo largo de los últimos años.

En ambos casos los autos han sido validados sistemáticamente por distintas instancias judiciales, algunas colegiadas, lo que en sí mismo anula la burda acusación de que el mal fario de los familiares de Sánchez obedece, en exclusiva, a la manía persecutoria de jueces sectarios al dictado de conspiraciones políticas: frente a esa patraña interesada prevalecen las prolijas explicaciones jurídicas vertidas en los largos escritos de acusación y procesamiento, las pruebas acumuladas, los indicios razonados y los testimonios recabados.

Con todo, lo grave realmente es que nada de lo que David Sánchez o Begoña Gómez hayan podido hacer hubiera sido viable sin el concurso directo, por acción u omisión, de su padrino político y personal: su esposa medró al calor de su posición en La Moncloa, utilizó recursos públicos y se sirvió del cargo de su marido, según todas las evidencias, para conseguir una cátedra universitaria inmerecida y utilizarla como una auténtica empresa privada.

Y su hermano accedió sin aparente competencia a una plaza creada exprofeso para él en la Diputación de Badajoz, cuando Sánchez ya era secretario general del PSOE y quienes decidían el beneficiario del puesto eran miembros del mismo partido, con un reguero de pruebas y comportamientos que lo certifican: exámenes orales arbitrarios, una dispensa de trabajar presencialmente, su desconocimiento incluso del lugar físico de trabajo y del equipo que le acompañaba o la búsqueda de una residencia antes de que se adjudicara el puesto son ya abrumadoras señales del nepotismo delictivo que ahora se juzgará.

En el banquillo probablemente se sentarán ambos, pero a su vera estará el secretario general del PSOE, que a estos escándalos le añade el encarcelamiento de su secretario de Organización, Santos Cerdán; el señalamiento ante el Supremo de su antecesor, José Luis Ábalos; y la cadena de sospechas firmes que pesan sobre varios ministerios y, al final, sobre la propia Moncloa.

Todo ello sería suficiente para que Sánchez presentara su dimisión irrevocable, ante el daño reputacional irreparable que le causa a una institución, la Presidencia, que no puede ser ostentada por alguien implicado en ya incontables instrucciones judiciales o casos públicos que combinan corrupción clásica, nepotismo, tráfico de influencias, adjudicaciones dudosas, comisiones ilegales y, además, comercio sexual de la peor catadura.

Resulta obsceno que, con ese paisaje, Sánchez se permita iniciar una batalla impúdica contra la Justicia o la prensa, transformando vergonzosos episodios que describen su catadura en excusas para legislar para acallar a los contrapoderes definitorios de una democracia sana.

Y es ridículo que, para compensar, se pretenda comparar el procesamiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con el de media familia y medio partido de Sánchez. El caso de González Amador, un ciudadano anónimo de quien nada deberíamos saber, cuyos problemas nada tienen que ver con la actividad ni las decisiones de su pareja, es más una prueba de la guerra sucia de Sánchez contra el sistema que un baldón en el debe de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no mantenía relación alguna con el afectado cuando tuvieron lugar los hechos.

Si los conocimos fue porque de ello se encargó el fiscal general del Estado, a las órdenes de la Moncloa, en otro comportamiento escandaloso que también conducirá a un banquillo a Álvaro García Ortiz, tan indigno del cargo como su mentor, cuñado y marido de dos presuntos delincuentes aupados por Sánchez. Qué vergüenza.