Sánchez debe irse con urgencia y la Justicia examinarle

La constatación de que una militante del PSOE, con cercanía demostrada a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y José Luis Ábalos y una lista de cargos facilitados por su partido, intentó intercambiar la impunidad de un presunto delincuente por su colaboración para destruir mafiosamente a un jefe de la UCO, pone el último clavo sobre el ataúd político de un Gobierno que nunca debió conformarse en unas circunstancias de chantaje político de sus aliados y se ha dedicado a intentar sobrevivir entre bloqueos, vergüenzas y escándalos de corte delictivo.

No se puede demostrar aún que Leire Díaz, la portavoz de esa oferta siciliana, actuara por encargo del PSOE. Pero sí es un hecho que lo hizo desde el PSOE, que tiene una larga relación con el partido y con Santos Cerdán, que manejaba información e interlocuciones de relieve, que fue muy precisa en su intento de cambalache y que todo ello coincide con un acoso sistemático del Gobierno, y de sus altavoces, a toda aquella institución que revela los bochornos de Pedro Sánchez y su entorno, los investiga o los enjuicia.

Porque en los últimos años Sánchez, a través del obediente ministro del Interior, ha purgado a cuantos mandos de la Guardia Civil cumplían su función, con la intolerable persecución al bravo teniente coronel Pérez de los Cobos por investigar el impacto del 8-M en la pandemia, a las órdenes de la Justicia, como emblema.

Porque aún colea la insólita desactivación de la unidad contra el narcotráfico en la zona de Barbate, donde dos agentes fueron asesinados por capos de las drogas sin el más mínimo respaldo y afecto por parte del Gobierno. Porque en los últimos días, de manera sutil o burda, distintos ministros y sus satélites mediáticos se han dedicado a poner en duda a la Guardia Civil por la difusión de los mensajes entre Sánchez y Ábalos. Y porque los más entusiastas de la mentira sanchista incluso se han inventado la falacia de la «UCO patriótica» para convertir su impecable trabajo en una conspiración.

El mismo concepto, por cierto, desplegado contra jueces independientes y prensa crítica, en una antidemocrática ceremonia de acoso a los contrapoderes perpetrada desde un Gobierno anegado de corrupción, perdedor en las urnas, intervenido por partidos contrarios a la Constitución, sometido a peajes incompatibles con la propia idea de España y, además, abonado a técnicas insoportables más propias de la Mafia.

Más allá de las consecuencias penales que deben tener muchos de los casos protagonizados o consentidos por Sánchez, sea desde la complicidad o por omisión, las políticas son inaplazables y urgentes.

A nadie debería hacerle falta el recordatorio de que la política es incompatible con la falta de ejemplaridad más galopante, como tampoco que la mera aritmética parlamentaria es insuficiente si la suma no se provoca para construir, sino para repartir cuotas de poder a costa de destruir el sagrado espacio común que define la Carta Magna y emana de la historia, la pluralidad y el profundo sentir democrático de los españoles.

Pero mucho menos a un político artero que, cuando perdió las elecciones por dos veces en seis meses tras paralizar institucionalmente al país, se aferró al PSOE con una moción de censura tramposa en nombre de la higiene y la decencia.

Todo lo que retrata a Sánchez produce espanto e indignación. Y todo lo que intenta hacer para taparlo, inquietud extrema. Porque da la sensación de que está dispuesto a todo para salvar su futuro, sea institucional o personal, incluido el uso del Estado asaltado por los suyos o de sicarios en nómina para hacer los peores trabajos sucios. Ya está bien: que Sánchez se marche, con oprobio, es una urgencia nacional.