Pedro Sánchez ha elegido el Comité Federal del PSOE de este sábado para defender por primera vez la amnistía que está negociando en secreto con Junts y ERC a cambio de su investidura, y para hablar sobre ella de la forma más clara hasta el momento.
El cónclave, en el que la única voz discordante ha sido la de Emiliano García-Page, se convocó para lanzar hoy al partido una consulta con la que bendecir el arreglo acordado por Sánchez con Yolanda Díaz el martes, y el que se alcance con los independentistas próximamente. Un pseudoplebiscito legitimante con una pregunta tan abierta —y que no menciona la amnistía— que sólo tiene por fin obtener de la militancia vía libre para negociar con Junts.
Lo verdaderamente relevante ha residido en la argumentación con la que Sánchez ha iniciado la ofensiva política para justificar la controvertida amnistía, empezando por los suyos. Una justificación que se resume en «hacer de la necesidad virtud».
Es decir, que si bien admite que es la necesidad de obtener los siete votos de Carles Puigdemont lo que está detrás del otorgamiento del olvido penal a los delitos del procés, arguye que la medida resulta oportuna y beneficiosa para «el interés de España».
Lo que obvia el presidente es que esa necesidad es la suya personal. Y que —a la espera de que se concrete la exposición de motivos y el articulado de la futura ley de amnistía— el concepto de virtud que plantea es la imposición al Estado de abjurar y enmendar la acción de la Justicia sobre quienes se levantaron contra la democracia española.
Las dos principales razones que ha esgrimido para respaldar este rendimiento beneficioso para el interés general de la claudicación ante el separatismo es, por un lado, la de la pacificación de Cataluña; y, por otro, la del freno a la extrema derecha.
Afirmar que los resultados de la concesión de medidas de gracia han tenido resultados «indiscutibles» en el «reencuentro» entre Cataluña y España es cuanto menos osado. Porque «la situación en Cataluña es infinitamente mejor que la de 2017» sólo si se considera que no ha habido nuevas intentonas golpistas ni actos de violencia o coacción recientes por parte del separatismo, así como su palmaria desmovilización callejera y electoral. Pero no cabe hablar de «normalización política en Cataluña» cuando los derechos de los castellanoparlantes no están hoy más respetados que antes, o cuando los independentistas no han renunciado a la unilateralidad.
Además, si la concordia ya está restituida en Cataluña, ¿por qué introducir un nuevo elemento como es la amnistía, que tiene potencial perturbador (máxime cuando ha reconocido que no era el momento previsto para hacerlo)? De hecho, podría decirse que, en cierta medida, la renovada atribución de poder negociador al independentismo ha vuelto a tensionar una relativa calma que se impuso gracias a la restauración del orden constitucional tras el 1-O.
En cuanto al argumento de que «esta medida es una condición para que pueda haber un Gobierno progresista y evitar un Gobierno de Vox y del PP», cabe preguntarse si cualquier medio justifica el fin de impedir la entrada de la ultraderecha en La Moncloa. Y también, por ello, si no se podía haber llegado a un acuerdo con el PP para explorar alguna fórmula de Gobierno de coalición o de turno entre ambos.
Lo que se colige en realidad de estos pretextos es que Sánchez está intentando cambiar la narrativa de sus cambios de opinión por los de un cambio de planes excepcional motivado por los resultados del 23-J. Y hacer así más pasajero a sus votantes el mal trago de aplaudir la amnistía, al presentarla como un mal menor para que no gobierne la derecha.
Por eso es también tramposo el intento de emparentar, como ha hecho Sánchez, los indultos con la amnistía, como si esta estuviera prefigurada en aquellos. Ciertamente, ambos son «discutibles». Pero la diferencia principal es que se indultó al resto de líderes del procés —sólo parcialmente, pues no se acabó con su inhabilitación— sólo después de haberlos perseguido judicialmente y de haber sido condenados. Y sin que quedasen borrados los delitos que cometieron, como sí sucederá ahora para Puigdemont y los suyos.
Además, si como ha sostenido el presidente en funciones, «siempre supimos que debíamos seguir por el camino de las medidas de gracia» para «superar el trauma de la ruptura de 2017», ¿por qué no incluyó una mención a la amnistía en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones generales?
Lo que va a intentar Sánchez es tan legítimo como temerario. Pero haría bien en no revestirse de la autoridad del Tribunal de Garantías, afirmando taxativamente que el encaje de la amnistía «será plenamente constitucional».
Porque el problema no será ese: si el Tribunal Constitucional así lo considera, la amnistía será conforme a la Constitución —aunque haya muchos más argumentos para estimar que no lo es—. Pero todos los españoles saben perfectamente cuál es la composición del órgano —incluyendo a un exministro de Sánchez y a una ex alto cargo de Moncloa—. Y no se les oculta las simpatías políticas de la mayoría del tribunal.
A la vista de que Sánchez se ha arrogado el hablar «en nombre de España», y de su afirmación de que «la amnistía no es el fin del camino», sólo resta esperar que no se considere también autorizado para, en el futuro, abrirse por enésima vez a revisar su última línea roja, la del referéndum de autodeterminación.