Sánchez deja que las comunidades asuman el desgaste por la pandemia

Solía decir Manuel Marín, expresidente del Congreso, que uno de los problemas de España es que a veces dejaba de ser un Estado complejo en su estructura casi federal para convertirse en un Estado complicado. Y así se está poniendo de manifiesto en la gestión de la pandemia, desde la asunción por parte del Gobierno central de todas las competencias en aquel mando único a la situación actual de cesión a las autonomías para que cada una se apañe como pueda en la lucha contra los rebrotes.

A la vez, desde el clamor de los presidentes autonómicos en los meses de marzo y abril, para que se les cediera el mando de la lucha contra el covid, al pretendido clamor actual de algunos presidentes, que dicen sentirse desamparados y abandonados a su suerte por el Gobierno central, porque sufren en sus carnes el calvario político de la gestión de la pandemia.

Entre todas esas posiciones cruzadas y de máximos hay algunas certezas, como el interés de la Moncloa para que sean las comunidades las que asuman el desgaste político de la segunda parte de la pandemia. Así lo ven destacados barones regionales del PSOE que no discuten la decisión de “disolver el mando único”, pero sí lamentan que ese traspaso de poderes se haya convertido en silencio del Gobierno y que no haya instrumentos jurídicos intermedios entre el estado de alarma y el actual, en el que hay jueces que frenan las medidas aprobadas por las comunidades.

Pedro Sánchez sufrió en los primeros meses y afrontó las críticas de la oposición del PP y de los propios presidentes autonómicos, que exigían coparticipar en las decisiones. Con el fin del estado de alarma, son los presidentes autonómicos los que toman las decisiones y quedan a la espera de que los jueces validen algunas de las medidas, como ha ocurrido en Madrid con la prohibición de fumar en las terrazas.

En pleno estado de alarma, el Gobierno cerró dos acuerdos con Ciudadanos que incluían “reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma” que permita una protección ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma.

Con PNV y ERC, el Gobierno pactó puntos similares. En concreto, el acuerdo de junio con los independentistas catalanes asegura que “el Gobierno se compromete, siempre que sea posible, a priorizar medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el estado de alarma en un futuro y a desvincular de esta medida las propuestas económicas y sociales que tendrán que adoptarse para superar los efectos de esta crisis. En ese sentido, se analizarán las reformas legales necesarias para fortalecer la respuesta a estas pandemias. En concreto, se analizarán la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y todas las leyes sanitarias, tales como la Ley de Salud Pública, con el fin de mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo al de estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos del covid”.

En pleno estado de alarma, el Gobierno cerró dos acuerdos con Cs que incluían «reformas legales para un mecanismo alternativo al estado de alarma»

Añadía que “estas reformas legales serán presentadas a la comisión de evaluación que se creará en el Congreso de los Diputados con la voluntad de ser tramitadas en un periodo de tres meses desde su creación para su aprobación. En dicha comisión de evaluación también se tratará de la reserva estratégica de material sanitario y de su autoabastecimiento con el fin de que nuestra ciudadanía esté más protegida”.

Ni se creó esa comisión de evaluación ni se abordó siquiera esa reforma legal comprometida para dar más herramientas a las comunidades. Meses después, no se ha cumplido ese apartado de los diferentes acuerdos firmados por el Gobierno para sacar adelante las prórrogas del estado de alarma.

Fuentes del Gobierno explican que se consideró innecesario porque los confinamientos son restricciones de derechos que solo pueden llevarse a cabo con la declaración del estado de alarma o con autorización judicial. Por tanto, añaden que solo sería posible dejarlo en manos de las comunidades con una reforma constitucional imposible. El PP mantiene que hubiera sido preciso modificar las leyes sanitarias y la ley de jurisdicción contencioso-administrativa para facilitar que las comunidades puedan hacer frente a la pandemia. Y el propio Pablo Casado solo ofreció acuerdos al Gobierno sobre este asunto.

La propia comisión de reconstrucción creada en el Congreso admitió en sus conclusiones que «la pandemia ha puesto de relieve las dificultades en la coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad a la hora de proponer y hacer operativas políticas sanitarias comunes, así como para disponer de la información necesaria en situaciones de crisis».

Y añadía que se debía «elaborar un calendario de reformas legislativas derivadas de las propuestas de la comisión, priorizando aquellas reformas que tengan un impacto más directo, especialmente en los siguientes ámbitos: en la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia del covid y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe; para mejorar las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo prioritario de acabar con la temporalidad estructural del actual sistema». Ese «posible rebrote» ya se ha producido durante el mes de agosto y con especial intensidad y, por tanto, esa medida de «preparación para afrontarlo» ya llega tarde.

Eso en el ámbito jurídico. En el político, el Gobierno ha mantenido esa estrategia de hacer recaer sobre las comunidades el peso de la gestión y, en consecuencia, el desgaste político que puede suponer. Lo ha hecho, incluso, desde el silencio en el último mes. El Gobierno cerró prácticamente sus actividades públicas el 4 de agosto con la rueda de prensa de balance del presidente del Gobierno y las reabrirá este martes con el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. No ha habido pronunciamiento oficial del Gobierno sobre los rebrotes y la alarmante situación desde entonces. Ni el presidente ni sus cuatro vicepresidentes han lanzado mensaje alguno a los ciudadanos frente a la pandemia, con el argumento de que son las comunidades las que gestionan y las que deben hacer frente a la pandemia, aunque las cifras sean en el conjunto de España las peores de Europa.

El Gobierno cerró prácticamente sus actividades públicas el 4 de agosto con la rueda de prensa de balance del presidente y las reabrirá este martes

La única excepción han sido las comparecencias del doctor Fernando Simón, al que el Gobierno ha dejado el peso de la comunicación durante el verano, aunque no sea un portavoz político. Y su mensaje ha sido de “descontrol” en zonas de España. El 20 de agosto, hubo una reunión telemática del comité de seguimiento con el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y Simón, pero sin comparecencia pública posterior.

Se ha pasado de la sobreexposición de miembros del Gobierno durante el estado de alarma, cuando se lanzó el lema del ‘Saldremos más fuertes’, al buscado silencio en el último mes, mientras las cifras de contagiados han seguido creciendo. Y han sido los presidentes autonómicos quienes han cargado con la responsabilidad de la gestión y la comunicación pública.

Esta semana, el Gobierno intentará revertir ese silencio y esa aparente inacción. Si su argumento es que no intervenía por ser competencias autonómicas, su presencia pública se va a producir, precisamente, sobre dos asuntos que solo gestionan las comunidades: las residencias y la educación. Por un lado, la Vicepresidencia de Servicios Sociales ha convocado para este lunes 24 de agosto al grupo de trabajo de residencias de ancianos para que las comunidades autónomas informen del alcance y de la situación de los brotes de covid-19 en estos centros, así como de las necesidades o dificultades a que se enfrentan. Y por otro, el Gobierno ha convocado esta semana a las comunidades autónomas para despejar las incógnitas de la ‘vuelta al cole’. Primero, este martes 25 de agosto, los viceconsejeros de Educación se reunirán con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el jueves 27 lo harán los consejeros del ramo con los ministros de Sanidad, Educación y Formación Profesional, y Política Territorial.

Aún queda pendiente la Conferencia de Presidentes monográfica, a la que el Ejecutivo no ha puesto fecha, a pesar de que el 4 de septiembre empieza en algunos lugares el curso. No ha habido tampoco presencia pública del ministro de Universidades, Manuel Castells, sobre el inicio del curso universitario.