Sánchez dinamita la igualdad

La penúltima cesión de Sánchez al independentismo para salvar sus posaderas mientras se lleva por delante las de sus conmilitonas y candidatas en Aragón y Andalucía, Pilar Alegría y Marisu Montero, no es reprobable tanto por privilegiar a Cataluña con una financiación singular como por la esencia del hecho mismo perpetrado por el presidente del Gobierno. La cesión a Oriol Junqueras no es una reforma técnica del sistema autonómico, sino una claudicación política más que en este caso rompe el principio de igualdad entre los españoles y dinamita la arquitectura solidaria del Estado.

El acuerdo alcanzado concede a Cataluña 4.700 millones de euros adicionales al año y lo hace introduciendo el denominado factor de ordinalidad, una vieja reivindicación del nacionalismo catalán. Según este coeficiente, las comunidades que más aportan al sistema deben ser las que más reciben. Como Cataluña es la tercera comunidad que más contribuye, debe ser la tercera que más fondos perciba del Estado de tal forma que a partir de ahora dejará de ser la decimocuarta comunidad receptora de esos recursos para convertirse en la tercera.

Este planteamiento supone un abandono explícito de los principios de igualdad y solidaridad, consagrados en la Constitución, que garantizan que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos similares vivan donde vivan. Con este acuerdo, la igualdad deja de ser un derecho y pasa a ser una variable negociable más de Sánchez para mantenerse en el Gobierno sin importarle romper la esencia de un principio defendido por el PSOE hasta que él llegó a Ferraz.

Es evidente que si no dependiera su continuidad en el poder del voto de los independentistas no aprobaría propuestas como esta ni las aceptaría de Junqueras, un sedicioso, malversador e inhabilitado por el Supremo, indultado y amnistiado después por él, ni habría cruzado otra línea roja más como la de hacerle el rendez vous en la Moncloa. Lo siguiente será la foto con Puigdemont en Bruselas, o en Madrid, si previamente Cándido y la mayoría sanchista del desacreditado Tribunal Constitucional, como se prevé, indulta al golpista prófugo y le enmienda otra plana más al Supremo. Sánchez decidió desde el minuto uno de esta legislatura, subordinada por las exigencias e imposiciones de la minoría separatista, que prefería perder la dignidad antes que dejar el gobierno, por más infames y censurables que resultaran sus pactos.

De esa forma, Sánchez se convirtió en el rehén de una minoría independentista que utiliza sus votos para imponer una agenda que nunca fue refrendada en las urnas por el conjunto de los españoles. La financiación autonómica, que es uno de los pilares del modelo territorial y del Estado queda así condicionada al interés de quienes precisamente se esfuerzan por debilitarlo y, si pudieran, romperlo.

Y lo grave no es sólo el trato de favor a los ciudadanos de Cataluña en detrimento de los del resto de España, cosa que genera agravios y deteriora la convivencia, sino el hecho de que sea un independentista condenado y exrecluso como Junqueras quien decida el rumbo de la financiación autonómica y marque las reglas del juego sobre un sistema que afecta a todas las comunidades, a sabiendas de que Sánchez lo acepta a cambio de su apoyo en el Congreso y al de Salvador Illa en Barcelona, que es otra derivada más de esta reprochable concesión que acredita, asimismo, cómo las políticas para el conjunto de los españoles también están supeditadas a los intereses de Illa en la Generalitat.

Marisu Montero intenta ahora la cuadratura del círculo explicando que «habrá más café para todos», más recursos del IRPF y del IVA a repartir para blanquear la arbitraria concesión a ERC, pero las cuentas no cuadran ni a martillazos, toda vez que a Madrid, primera en aportar fondos al régimen común, no se la aplicará la ordinalidad en la misma cantidad y proporción que a Cataluña y las menos favorecidas como Extremadura, en el mejor de los casos recibirán lo mismo que hasta ahora, pero no más fondos.

Más agravios en definitiva que la Montero incrementará cuando se enfrente a Ayuso y condicione, si al final fuera aprobada por el Congreso la nueva financiación impuesta por Junqueras, los fondos de Madrid y de otras comunidades del PP, a la renuncia de su legítima autonomía fiscal y no puedan seguir bajando impuestos. Es otra de las obsesiones compartidas por el independentismo catalán y Sánchez, especialmente contra Ayuso por haber hecho de Madrid la comunidad de España donde menos impuestos pagan los ciudadanos; quizás porque Madrid no tiene que financiar una policía autonómica, ni embajadas para vender su independencia, ni chiringuitos identitarios, ni una TV3 al servicio del separatismo con un presupuesto cercano al de TVE.

María Jesús Montero, en junio, en Andalucía, y Pilar Alegría, en febrero, en Aragón, pagarán en las urnas la renuncia de Sánchez a la igualdad como principio, dejando a España dividida entre territorios de primera y de segunda y la cohesión territorial por los suelos. Va siendo hora que los socialistas con conciencia y sentido de Estado que todavía queden acepten que mientras Sánchez siga en la Moncloa y en Ferraz harían bien en plantearse cambiar de partido, aunque sea temporalmente, si no quieren cambiar de ideas y renunciar a principios como el de la solidaridad e igualdad. Felipe González, harto de las políticas de Sánchez, como tantos otros exdirigentes socialistas del ‘viejo testamento’, sugirió el dilema, pero que sepamos, todavía no ha dejado el PSOE.