La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2026, que serían los primeros en toda la legislatura por falta de apoyo parlamentario en los intentos anteriores, va para largo, si es que finalmente se produce. El paso previo, la negociación del Gobierno con ayuntamientos y autonomías del llamado techo de gasto y la senda de déficit lleva un retraso considerable -tendrían que haber sido aprobados por las Cortes antes del 30 de junio- y eso hace que todos los actores políticos vean con incredulidad el compromiso del presidente del Gobierno, este lunes, de llevar al Parlamento las cuentas públicas del año próximo.

Tan solo 24 horas después de ese compromiso, el martes, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, evitaba comprometerse a someterlos a votación en Congreso y Senado. “Vamos a presentarlos, pero no me adelanten pantallas”, matizaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y el jueves, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advertía que únicamente se tramitarán ante el Parlamento si antes tiene garantías de que saldrán aprobados. «No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlos”, aseguró durante una entrevista en La Hora de la Uno (TVE).

«Presentar» no es tramitar

Fuentes socialistas conocedoras de los contactos que lleva a cabo de forma ininterrumpida, aunque discreta, la titular de Hacienda con los grupos polípticos que apoyan al Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar, explican a Vozpópuli que Pedro Sánchez este lunes fue lo suficientemente genérico como para no dar por hecho que el proyecto de ley se vaya a registrar en las Cortes para su tramitación «si no hay una garantía mínima de que se pueda aprobar». El presidente sólo habló de «presentar» los presupuestos, recalcan estas fuentes, en alusión a que «llevarlos al Consejo de Ministros los va a llevar»; otra cosa es que finalmente se «registre» el proyecto de ley en el Congreso si ve complicada su aprobación.

Hoy por hoy, no existe mayoría para sacar adelante esa cuentas, ni siquiera «negociación» propiamente dicha, se admite desde el Gobierno, pero eso no implica que Hacienda no esté llevando a cabo los trabajos preliminares para calcular el llamado techo de gasto y la senda de déficit, necesarios haya presupuesto o no para cuadrar las cuentas de todas las administraciones públicas; de hecho, en el último Oleno del Congreso, la pasada semana, salió adelante el Real Decreto con las denominadas entregas a cuenta a las autonomías, clave para que estas puedan elaborar sus propios presupuestos 2026.

Lo «lógico» es que en un Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto, lo se envíe a las Cortes y, de forma paralela, Hacienda empiece a negociar un anteproyecto de ley de Presupuestos con los socios, «no dejar la negociación para después, una vez entregado a las Cortes, porque eso no haría sino debilitar más la posición política del Gobierno» en caso de acabar en fracaso

Lo «lógico», admiten estas fuentes, es que en un Consejo de Ministros a partir de septiembre se apruebe ese techo de gasto, se envíe a las Cortes y, de forma paralela, el Ministerio de Hacienda empiece a trabajar en un anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2026 en colaboración con los socios, «no dejar la negociación para después, una vez entregado ya como proyecto de ley a las Cortes, porque eso no haría sino debilitar más la posición política del Gobierno» en caso de que se salde con un fracaso.

Las fuentes consultadas señalan que La Moncloa es bastante reacia a «televisar y radiar» las diferencias presupuestarias con sus socios, visto lo visto en ese último pleno del periodo de sesiones en el que no sólo la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, también la reforma del acceso a la carrera judicial -más conocida como Ley Bolaños– tuvieron que ser retiradas del orden del día por falta de acuerdo con los socios; es que muchos de ellos, Podemos, Junts per Catalunya, la Chunta Aragonesista y el BNG, se unieron a PP y Vox para tumbar el llamado decreto anti apagones.

En estas condiciones, y cuando Podemos ya ha afirmado que la legislatura «está muerta», resulta «muy arriesgado» someter un presupuesto a la consideración de las Cortes. «No es lo mismo presentar un anteproyecto en Consejo de Ministros y luego echarte atrás, que perder allá por primavera la votación de los presupuestos», señala una de las fuentes socialistas consultadas. «esa foto sí que simbolizaría el fin de la legislatura y obligaría al presidente a disolver el Parlamento y convocar elecciones».

Ya a principios de este año Sánchez se comprometió a llevar unas cuentas públicas 2025 a las Cortes y finalmente por falta de apoyos no lo hizo; así que entre los suyos cunde la sensaciòn de que, si esta vez sigue sin verlo claro -ERC y Junts no dan señales de haber cambiado de posición-, «tampoco lo hará».

Si algo quedó claro en su comparecencia ante los medios de comunicación el pasado lunes es que lo último que desea el inquilino de La Moncloa es verse forzado a adelantar elecciones al año próximo por colapso del Gobierno; bien sea por la deriva judicial de los casos de corrupción o porque una mala negociación presupuestaria con sus socios parlamentarios le aboque a ello. Pedro Sánchez habló en todo momento de «presentar» los presupuestos generales del Estado 2026… pero no dijo dónde.

Ya a principios de este año Sánchez se comprometió a llevar unas cuentas públicas 2025 a las Cortes y finalmente por falta de apoyos no lo hizo; así que entre los suyos cunde la sensaciòn de que, si esta vez sigue sin verlo claro -ERC y Junts no dan señales de haber cambiado de posición-, «tampoco lo hará» porque el precio a pagar ante la opinión pública es muy alto y políticamente tendría pocas opciones para seguir manteniéndose en el poder por más que las cifras macroeconómicas, en particular el empleo -récord con 22 millones de ocupados- le tentaran a ello.