Es un asunto notable esa competición en el mundo de lo peor que tienen entablada entre sí los ministros de Sánchez, bien sean conmilitones, socios de Gobierno o apoyos parlamentarios de la coalición progresista, que el periodista Bustos acertó a bautizar con un acrónimo de precisión, ‘co-pro’. Hay mucho donde elegir: las chicas de Montero y su tarta, la portentosa ministra de Trabajo y, naturalmente, el titular de Consumo. Mientras el precio de los alimentos subía un 15,7% (un 50% la leche, un 37% el pan, un 35% el aceite de oliva) las redes son un clamor preguntando dónde está el ministro de Consumo, aunque él es ministro de Consumo, que le pregunten al de Precios. Alberto Garzón lleva diez meses sin presentar una propuesta al Consejo de Ministros. No habrá tenido tiempo con su tercera paternidad.
En las filas de Sánchez se dan cita analfabetas funcionales e incompetentes sintácticas, como esa ministra de Educación que atribuye al Supremo la capacidad de crear ‘juridisprudencia’, Marisú Montero que fue portavoz y dice ‘plesbicito’ o la portavoz en ejercicio que confunde forjas con alforjas, aunque son peores los que tienen estudios, ya lo decía en una columna reciente, citando a Fernando Grande y a Félix Bolaños.
Total, que en mayo habrá municipales y autonómicas, un preludio de las generales que vendrán probablemente para el 3 de diciembre y son muchas las facturas que se le van a pasar al cobro entre esas dos fechas al pobre Sánchez. Imagine el lector cuántos delincuentes sexuales habrán visto rebajadas sus condenas para entonces por efecto de la Ley Sisí, si a la hora de escribir esta columna ya eran 185 e iban creciendo. No es Ley Montero, sino Sánchez, como también llevará su nombre el engendro jurídico todavía mayor y que ha sido conocida popularmente como Ley Trans. Y con más motivo aún con otro asunto que va a pasar factura en las urnas a los partidos del Gobierno. La reforma del Código Penal en lo que afecta al delito de malversación aprobada la víspera de Nochebuena ya tiene en espera de rebaja 140 casos. En la cita electoral de mayo es la hora de los barones que no se presenta muy favorable al socialismo, según coinciden en su pronóstico todas las encuestas. Bueno, todas menos una.
Y los barones quieren marcar un perfil propio porque se han dado cuenta de que el mayor obstáculo para conseguir sus propósitos se llama Pedro Sánchez y luego, cada autonomía sobrelleva lo suyo: el recorte del trasvase Tajo-Segura que ha puesto a Ximo Puig (como si no tuviera bastante con lo suyo) en contra de la región de Murcia y del propio presidente del Gobierno. El agua ha sido históricamente un motivo de enfrentamiento por aquellas latitudes. Solo en Valencia hay desde siempre un Tribunal de las Aguas y tal como contó Juaristi hace mucho, el grito de guerra de Cabrera en las guerras carlistas cuando bajaba de Morella al encuentro de los liberales era: “¡A por ellos, que son de regadío!” Morella es el pueblo de Ximo Puig, no sé si me explico. Sánchez despierta más animadversión que Puig en Valencia. Y que Lambán en Aragón, muy crítico por lo de la sedición y lo de Juan Lobato, que no lleva bien lo de la malversación. A Sánchez solo le quedan las islas y La Rioja. Sánchez es el mal mayor de la democracia española y eso ya lo saben hasta los suyos.