La transparencia de la Administración de EEUU a la hora de abrir sus archivos hace posible recuperar con enorme precisión para su análisis algunos de los acontecimientos históricos que marcaron la Guerra Fría. 

Así, por ejemplo, se conoce que el 13 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy envió una carta al primer ministro soviético Kruschev en la que le hacía una advertencia: «Si en algún momento el fortalecimiento comunista en Cuba pusiera en peligro o interfiriera con nuestra seguridad (…) o si Cuba alguna vez (…) se convirtiera en una base militar ofensiva de capacidad significativa para la Unión Soviética, entonces este país hará lo que sea necesario para proteger su propia seguridad y la de sus aliados». Pese a la advertencia de Kennedy, los soviéticos continuaron construyendo las bases —aquí las fotos aéreas que lo acreditaban— hasta que después de unas angustiosas negociaciones y un avión espía norteamericano derribado que pusieron al mundo al borde de la catástrofe, la URSS, como se sabe, accedió a retirar los misiles a cambio del compromiso de EEUU de no invadir Cuba y del desmantelamientos de las bases de misiles instaladas en Turquía que miraban directamente a Moscú. 

Se pensaba que tras la derrota del comunismo el nuevo orden mundial no iba a necesitar la creación de zonas de seguridad 

Aunque el concepto de seguridad no era nuevo, de hecho está en el corazón de Teherán, Potsdam o Yalta, el acuerdo entre Kennedy y Kruschev era el reconocimiento mutuo y formal de la existencia de unas fronteras de seguridad no necesariamente físicas, sino artificiales, entre ambas potencias. Es decir, una especie de doctrina de no agresión. En unos casos mediante la consolidación de los estados tapón creados tras la guerra, como Finlandia o Austria, y en otros mediante el alejamiento de misiles en aras de asegurar la paz, siempre tutelada por la disuasión nuclear. A partir, primero, de la doctrina Dulles (destrucción mutua asegurada) y, posteriormente, de la doctrina McNamara, que incorporaba un gradualismo en la respuesta norteamericana a una agresión de la URSS, y que es la que hoy sigue vigente, como se observa en Ucrania. EEUU (que es lo mismo que decir la OTAN) está dispuesta a entregar armas, pero no a intervenir directamente porque se corre el riesgo de poner millones de muertos sobre la mesa.

Putin y la construcción nacional

Desde el final de la Guerra Fría, tras la caída del Muro, sin embargo, el concepto de seguridad estratégica fue perdiendo importancia. Probablemente, porque se pensaba que tras la derrota del comunismo el nuevo orden mundial no necesitaba de zonas de seguridad. Pero la eclosión de China como superpotencia —con un manifiesto interés en ser hegemónica en el área de Asia-Pacífico— o el resurgir del nacionalismo ruso de la mano de Putin, obsesionado con recuperar las fuentes de la construcción nacional, ha vuelto a poner de moda ese concepto; la seguridad, que no es lo mismo que la defensa. Lo primero tiene una función preventiva, lo segundo es el resultado de un fracaso. 

El concepto es tan relevante en la geopolítica actual que la orden de Pedro Sánchez —no se puede hablar de una decisión colegiada del Consejo de Ministros— de abandonar a su suerte a los saharauis no es más que una respuesta a los nuevos desafíos que tiene la OTAN en su flanco sur en términos de seguridad estratégica. 

El Sahel preocupa cada vez más a EEUU porque allí se han asentado organizaciones terroristas como Boko Haram o Al Qaeda en el Magreb Islámico, que han encontrado un aliado inesperado, además del uso del terror, en el cambio climático, que está causando hambrunas y desplazamiento masivos en unos Estados ya de por sí muy frágiles que tienen que soportar una enorme presión demográfica. En Níger, uno de los países más pobres del mundo, la tasa de fecundidad es de 7,4 hijos por mujer. La cifra, la más alta del planeta, lo dice todo. 

El flanco sur es cada vez más relevante para la OTAN, y de ahí que la decisión del Gobierno español pueda tener su lógica geopolítica 

La lectura inmediata, y la más obvia, es que el Gobierno español ha sacrificado al pueblo saharaui y al derecho internacional esgrimiendo, precisamente, los mismos argumentos con los que se recrimina a Putin, para convertir a España, junto a Marruecos, en el nuevo gendarme del sur de Europa. O, lo que es lo mismo, una estrategia que pasa por reforzar la frontera de seguridad de la OTAN, lo que exige que ambos países sean amigos, no solo frente a la desestabilización terrorista, sino, sobre todo, frente al aumento de la presencia de Rusia y China en el continente.

Pekín —que ha ganado legitimidad porque no tiene un pasado colonial en el continente, lo mismo que Moscú— ya tiene asegurada una base militar en Yibuti, en el cuerno de África, y cuenta con planes para instalarse en Guinea Ecuatorial, uno de los principales países productores de petróleo, mientras que en Etiopía ha financiado la construcción de una enorme presa vital para el desarrollo del país. Xi Jinping prometió en el reciente Foro China-África 1.000 millones de vacunas contra el covid.

Intereses en África

Rusia, por su parte, es el principal suministrador de armas a Argelia y cuenta con fuertes intereses en Libia a través de los mercenarios del Grupo Wagner, que sostienen a Jalifa Hafter, el señor de la guerra local, apoyado por Egipto. Además de tener acceso a unas reservas extraordinarias de petróleo de la mejor calidad, su presencia en Libia permite a Moscú disponer de un bastión en el sur del Mediterráneo occidental. Al mismo tiempo, sus intereses se han consolidado en la República Centroafricana y, en paralelo, ha anunciado la construcción de una base naval en Sudán, en las costas del Mar Rojo. Putin, hay que recordarlo, convocó en 2019, como Xi, una cumbre-Rusia-África en el Mar Negro a la que asistieron 43 líderes africanos, entre los que algunos expresaron un gran interés en adquirir armamento ruso. Y, recientemente, tras el golpe militar en Mali, que ha supuesto la expulsión de Francia, se ha convertido en un actor esencial en el Sahel. Gabón, República Democrática del Congo y República del Congo, también están entre los intereses estratégicos de Moscú. 

No es ningún secreto, por lo tanto, que el flanco sur es cada vez más relevante para los países de la OTAN, muchos de ellos con un pasado colonialista que los hace odiados en África. Y de ahí que la decisión del Gobierno español pueda tener su lógica geopolítica. 

Marruecos, nunca hay que olvidarlo, representa los intereses occidentales en la zona en términos militares (EEUU) y económicos (Francia), mientras que, al mismo tiempo, tras haberse ganado los favores de Alemania, quiebra la unidad árabe (cada vez más resquebrajada) frente a Israel, lo que le convierte en un socio estratégico para la OTAN y, en particular, para EEUU.

No es obligatorio llevarse mal con Rabat, incluso, es innecesario, pero tampoco conviene dejarse arrastrar por la vileza y el chantaje 

Ahora bien, fundar esa estrategia de seguridad sobre la liquidación geográfica y material del pueblo saharaui dice muy poco en favor de una organización en cuyo espíritu fundacional está «salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, basados en los principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley». No vale todo. Y menos si la organización tiene una capacidad de presión innegable sobre Rabat para que el rey Mohamed VI reconozca los legítimos derechos del pueblo saharaui.

Una solución política óptima

Moncloa se ha plegado, y con ello el derecho internacional y el cumplimiento de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas que han reclamado «la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental como solución política óptima basada en el acuerdo entre las dos partes». Como han dicho los dirigentes del Frente Polisario, las responsabilidades del Gobierno de España no caducan hasta que se haya celebrado un referéndum de autodeterminación, como reclamó en su día, leer aquí el texto, Naciones Unidas. 

Que la OTAN refuerza su posición en el flanco sobre la liquidación de los derechos del pueblo saharaui dice muy poco en favor de la organización. Y mucho menos de Pedro Sánchez si para proteger a Ceuta y Melilla tiene que entregar la antigua provincia de España —muchos de sus habitantes aún conservan el DNI español— a Rabat, ignorando el derecho de autodeterminación que proclama Naciones Unidas para los territorios en proceso de descolonización. Sin contar, obviamente, el desplante que supone tomar decisiones estratégicas, como es la pérdida de neutralidad en un conflicto administrado por Naciones Unidas, que condicionan el futuro de la política exterior de España sin el principal partido de la oposición e, incluso, sin la opinión de una parte del Gobierno de coalición, lo cual se parece más a un régimen autocrático que a un sistema parlamentario. 

Entre otras cosas porque la diplomacia marroquí, bastante más engrasada que la española, seguirá jugando a la guerra híbrida con España enviando pateras y saltos a la valla de Melilla cuando le convenga, lo que le históricamente le ha permitido negociar desde posiciones de fuerza con Bruselas. Se trata de un país que ha profesionalizado el chantaje diplomático porque sabe que es la llave de África, y que difícilmente olvidará los malos hábitos salvo que se produzca un cambio de régimen. Pronto encontrará otra causa que hará sufrir a España, que es el eslabón débil de la UE en sus relaciones bilaterales. Incluso, aunque Sánchez, como quiso en su día Aznar en Irak, haya querido demostrar a Washington que es su socio más fiel. Es probable, de hecho, que la presión sobre Ceuta y Melilla crezca, aunque no de forma inmediata. 

El problema es un régimen que se niega a respetar la Carta de Naciones Unidas al no convocar un referéndum de autodeterminación 

No es, desde luego, obligatorio llevarse mal con Rabat, incluso, es innecesario y nada recomendable, ya que cualquier Gobierno lo primero que tiene que hacer es tener buenas relaciones con los vecinos, pero tampoco conviene dejarse arrastrar por la vileza. 

Es probable que los daños colaterales de esta decisión —gobernabilidad de España en lo que queda de legislatura o el deterioro de las relaciones con Marruecos— sean importantes. Incluso, muy importantes habida cuenta de que a Unidas Podemos solo le queda abandonar el Gobierno —en contra de la opinión de Pablo Iglesias— si quiere mantener un gramo de dignidad; pero aunque no lo sean, conviene recordar a Chamberlain y su política de apaciguamiento. Reforzar el flanco sur de la OTAN no puede ni debe ser incompatible con el cumplimiento del derecho internacional, porque de lo contrario Putin tendría razón. 

El problema no es el pueblo saharaui, que vive miserablemente en el Tinduf argelino, el problema es un régimen que se niega a respetar la Carta de Naciones Unidas al no convocar un referéndum de autodeterminación, ahora con placet del Partido Socialista.