Ignoro quién fue el autor del genial plan estratégico según el cual Sánchez debería empaquetar todos los asuntos pendientes con perfiles problemáticos y aristas de opinión pública, dejarlos despachados y resueltos a uña de caballo en un frenético esprint de fin de año y dejar la agenda liberada de marrones para dedicarse de enero a mayo a exhibir sus logros, lucir palmito por Europa y organizar shows de proximidad con ciudadanos de a pie (previamente seleccionados entre compañeros militantes de toda confianza) para demostrar cuán humano puede llegar a ser el hierático conducator que habita la Moncloa. 

Resulta difícil discernir si es más torpe el plan en sí mismo o su ejecución. Efectuar un raid político en el que se pone patas arriba el Código Penal, se pagan de golpe a la luz del día las deudas contraídas con los independentistas, se ejecuta un asalto en toda regla al Tribunal Constitucional, se establece en el BOE que la biología humana ha caducado y que puede elegirse el sexo como quien elige una vajilla y se lanza una catarata de correazos contra la odiosa oligarquía explotadora a la que pocos días después se lisonjea en Davos. Imaginar que puede apelotonarse en unas semanas semejante colección de dislates y que a la vuelta de las vacaciones el terreno estará despejado y listo para una galopada triunfal a las urnas es algo que solo puede deberse a la estulticia o a la desesperación. O, como creo que es el caso, a una mezcla de ambas.

Si todo ello viene, además, adobado con un escándalo social de proporciones gigantescas a causa de una ley garrafal que, diciendo proteger a las mujeres, lo que hace es agraciar a quienes las violan —lo que, a su vez, da lugar a una pelea pública de gallos y gallinas que comparten (es un decir) el mismo Consejo de Ministros—, el esperpento está servido. 

Pueden hacerse garabatos con los tipos delictivos y las penas que afectan a la libertad sexual, pero es lógico esperar que, cuando eso llegue a los juzgados donde se emitieron las condenas, caerán chuzos de punta en forma de reducciones masivas de penas y de liberaciones prematuras de agresores de mujeres. ¿Tienen la culpa los jueces fachas? No, la tienen los gobernantes poseídos por la soberbia que desprecian las advertencias de quienes más y mejor saben y los legisladores tarambanas que, más que votar, botan al son que sus jefes tocan. 

Pueden dejarse la Constitución y la integridad territorial del Estado desnudas de protección ante sus archienemigos, y hacerlo descaradamente como pago de un negocio político, pero no cabe sorprenderse cuando el Tribunal Supremo, que emitió su sentencia más importante desde la del 23-F, hace dos cosas: aplicar la nueva ley en sus propios términos, como es su obligación, y señalar con justa crudeza la enormidad cometida. El auto de Marchena no burla la ley, faltaría más, pero desmonta de forma inclemente la retahíla de falacias argumentales con que pretendió revestirse el trueque sórdido de desprotección de la Constitución a cambio de votos en el Congreso.

Sánchez y sus cortesanos creyeron ponerse a cubierto depositando sus excrecencias legislativas antes de que comenzara el año electoral. En realidad, lo que hicieron fue sembrar el camino de minas que ya han comenzado a explotarles y lo seguirán haciendo inexorablemente hasta mayo y, después, hasta diciembre (de hecho, el recuerdo de algunas de ellas los perseguirá de por vida). Entre otros motivos, porque entre los pirómanos y artificieros están precisamente sus compañeros de viaje de hoy (y, si los votantes no lo evitan, también de mañana). 

En todas las coaliciones políticas hay un momento en que los aliados resultan ser a la vez adversarios electorales inminentes, y la segunda condición se va imponiendo progresivamente a la primera hasta que las urnas emiten dictamen y comienza una nueva partida con nuevas cartas. Conviene tener esto en cuenta antes de dedicarse a según qué juegos peligrosos en la vecindad de unas elecciones. 

Los presuntos socios de Sánchez decidieron ayer, de consuno, postergar hasta entrado el mes de marzo el trámite de la proposición de ley socialista que pretende remendar el roto del solo sí es sí. Si se toman, por un lado, la previsión reglamentaria sobre la tramitación de las proposiciones de ley y, por el otro, el calendario de las elecciones de mayo, se comprobará la trampa para leones que le han preparado.

Como pronto, la toma en consideración en pleno será el 7 de marzo, la víspera de una fecha simbólica destrozada para siempre por sus patrocinadoras. Es probable que ese día sus presuntos amigos políticos dejen al PSOE en manos de la derecha, que no tendrá inconveniente en votar a favor de la toma en consideración. 

A partir de ahí, todo el proceso parlamentario de la propuesta se solapará con los hitos de la campaña electoral. Sánchez y su partido se verán sometidos a una doble tortura: por un lado, negociar con sus socios inevitables las enmiendas que hagan imposible el apoyo final del PP y lo devuelvan a la disciplina del corral del Frankenstein, y, por otro, soportar el conteo diario de penas rebajadas y violadores liberados, siempre con la espada de Damocles de que a cualquiera de ellos se le ocurra reincidir.

En Cataluña, el auto del Tribunal Supremo pone de nuevo en marcha la maquinaria judicial para que los responsables secundarios de la sublevación del 17 respondan por sus actos de acuerdo con la nueva ley penal del sanchismo, ideada precisamente para garantizar al socio principal, ERC, que tal cosa no sucedería. Establecida la doctrina de que apropiarse del dinero público para financiar actos ilegales es una de las formas más graves de malversación, a unos cuantos de ellos les esperan penas de prisión. Considerando que en esas mismas semanas ERC y el PSC se estarán disputando las principales alcaldías de Cataluña, los socialistas pueden esperar de sus supuestos aliados cualquier cosa menos cariños. 

Para los Junqueras, Otegi, Iglesias y Yolanda Díaz, “cuidar la coalición” significa vigilar estrechamente al PSOE y apretarle el dogal para apartarlo de posibles tentaciones. Si por el camino caen los Page, Lambán, Puig y compañía, tanto mejor para ellos, porque Sánchez será su rehén aún en mayor grado. Ese es su drama, lo peor que puede sucederle a un gobernante: que ha entregado a los lobos su autonomía política y, con ella, el futuro de su partido y el rumbo del país mientras él siga nominalmente al timón.